Hace más de un año, las autoridades de Guanajuato iniciaron las indagatorias por los casos de presuntos abusos y vejaciones contra menores en el albergue La Ciudad de los Niños, dirigido por el cura Pedro Gutiérrez Farías, y a lo largo de estos meses ‘‘no han podido armar un expediente sólido que permita presentar a este religioso y a sus cómplices ante la justicia’’.

Por ello, organizaciones de defensa de los derechos de la infancia demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las indagatorias a fin de evitar que haya impunidad –como en el caso del albergue de Mamá Rosa– ante las denuncias de violencia física y sicológica, incluidos probables abusos sexuales y trata de personas en la sede de Salamanca de las casas dirigidas por el religioso.

Ayer, en conferencia de prensa realizada en la capital del país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y NIMA Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, denunciaron que el gobierno estatal ‘‘ha brindado protección’’ al clérigo. Y dieron algunos elementos para argumentar por qué el caso debe ser atendido por las autoridades federales.

Hace unas semanas, La Jornada dio a conocer que Gutiérrez Farías, sus colaboradores y varias monjas practicaron diversas vejaciones contra menores, para lo que habrían contado con la protección de autoridades de Guanajuato y hasta del propio ex presidente Vicente Fox, quien apenas en noviembre pasado inauguró La Ciudad Juvenil, una nueva casa del clérigo, al que este diario ha dado seguimiento.

‘‘Desde hace más de un año, en marzo de 2016, la procuraduría estatal ha venido investigando y pese a ello el sacerdote y su personal siguen sin ser imputados en ningún expediente. La semana pasada, durante una reunión que se efectuó en la Procuraduría General de la República, preguntamos directamente a los representantes del gobierno de Guanajuato y nos dijeron que no podrían aún sustentar (la acusación) porque seguían investigando algo que era muy complejo. Un año y no han sido citados a declarar como testigos, indiciados o presuntos responsables’’, subrayó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.

Resaltó que por ello desde ayer se lanzó el hashtag #NoalFueroClerical, a fin de que el presbítero y sus colaboradores no queden impunes. Anunció incluso que enviarán la información al papa Francisco, quien se ha comprometido a que la Iglesia no tolerará más a curas pederastas.

El parecido del caso con el de Mamá Rosa –donde también estuvo involucrado Fox– es otro de los motivos por lo que estas organizaciones civiles demandan la intervención de la justicia federal. ‘‘El 10 de junio de 2015, el Comité de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, emitió recomendaciones al Estado mexcicano para que informe sobre los avances en materia de derechos humanos de los menores. Una de esas recomendaciones corresponde al caso Mamá Rosa, y se solicita detallar qué ha hecho México para evitar que se repitan casos como ese. Por ello es una obligacion ética que la PGR investigue el caso de La Ciudad de los Niños, evitemos el fuero clerical, al sacerdote y en caso de ser encontrado culpable sea sancionado de acuerdo a nuestras leyes’’, indicó Pérez García.

Otros motivos que se dieron en la conferencia –y que se retoman en un informe de NIMA que difundió ayer La Jornada— para la intervención de las autoridades federales es que hay incidios de que desde hace varios años hay registros irregulares de niños, quienes tienen los apellidos del religioso, y hasta de posibles procesos de adopción ilegales para favorecer a personas de Estados Unidos y Canadá, a cambio de importantes sumas de dinero, por lo que exigieron indagar la legalidad de todas las adopciones procedentes de La Ciudad de los Niños.

Rebeca Aguayo, de NIMA, manifestó que hay preocupación e indignación por el actuar del gobierno estatal, que ‘‘ha sido insuficiente. No está actuando conforme a la Convención de los Derechos del Niño’’. Además de la atracción por parte de la PGR, es necesario, planteó, que haya una reparación y restitución de los derechos a cada uno de los menores que fueron víctimas de violencia en el albergue.

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato pidió ‘‘paciencia’’ para ir a fondo en las indagatorias por las denuncias de presuntos abusos contra menores en el albergue La Ciudad de los Niños, de Salamanca, dirigido por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

‘‘Les pediría paciencia para que nos dejen culminar con la investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que de ésta se deriven’’, aseveró el subprocurador local, Manuel Ángel Hernández.

En entrevista telefónica con este diario, el funcionario informó que las indagatorias se iniciaron entre marzo y abril de 2016, a partir de una denuncia anónima sobre malos tratos en este albergue, caso del que La Jornada ha dado cuenta desde hace varias semanas. Dijo que si bien se han tenido avances, el proceso necesita tiempo dado que ‘‘la investigación no se centra sobre un aspecto particular, sino que van derivando situaciones varias’’.

Al ser interrogado sobre las razones por las que no se ha actuado contra el cura y sus colaboradores, entre las que hay varias religiosas, el subprocurador subrayó: ‘‘La respuesta es muy sencilla y hay dos puntos: primero, cada indagatoria debe seguir una estrategia y nosotros decidiremos el momento en que van a ser llamados, y dos, que es la más lógica, si vamos a interrogarlos bien como testigos o como responsables probables de algún hecho delictuoso, lo primero que necesitamos es información, porque si no, ¿qué les preguntamos? Eso es algo comprensible’’.

Aseveró que por el momento el clérigo Gutiérrez Farías y sus probables cómplices ‘‘están localizables. Que sepamos nadie se ha evadido’’, pero prefirió no revelar el sitio en el que pudieran estar.

El pasado 13 de julio, el DIF estatal intervino el albergue tras una sentencia judicial en la que se advirtió de los abusos contra los menores, entre ellos posibles violaciones sexuales y trata de personas. En La Ciudad de los Niños hay actualmente 67 niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con información del gobierno estatal, y a lo largo de las indagatorias se ha entrevistado a más de 60; gracias a ello se ha dectectado que al menos siete presentan situaciones que apuntan a abusos físicos y sicológicos.

A más de un año, dijo el subprocurador, se tienen avances y las indagatorias han tomado diferentes tópicos: ‘‘De la misma carpeta se han derivado otras investigaciones. Una referente a las indicaciones que se generaron por parte del DIF, que nos dio a conocer siete casos en los que posiblemente se pueda encontrar algún delito; otra en relación con las actas de Registro Civil respecto de los dobles datos que se hubieran generado con ello (por señalamientos de que habría menores registrados con los apellidos del sacerdote); tenemos que indagar las lesiones y malos tratos que hubieran sufrido los menores’’.

Por su parte, Alfonso Borja, director del DIF local, dijo que la intervención de la entidad a su cargo ‘‘fue un acto de autoridad para garantizar protección a los menores’’, con lo que rechazó lo dicho ayer por organizaciones sociales en conferencia, que aseguraron que esa instancia ocupó el albergue tras haber llegado a un acuerdo con Gutiérrez Farías.

Algo urgente de la intervención del DIF, aseveró, será la restitución de los derechos de los niños, lo cual se hará con base en criterios nacionales e internacionales. Se analizará caso por caso para ‘‘visualizar la mejor opción’’. Descartó que la primera opción para canalizar a los menores a otro albergue. Se buscará primero a sus familias.