La delegada de la Secretaría de Gobernación Federal en Puebla, Ana Isabel Allende Cano, aceptó que las autoridades se encuentran incapacitadas para detener a pobladores entre ellos niños y personas de la tercera de edad que participan en las rapiñas de robo de combustible cuando hay una fuga masiva.

Indicó que los mismos vacíos en la ley, impiden que los elementos Militares, estatales o federales, puedan proceder a la detención de estos actos aún cuando se ponga en riesgo la vida de los pobladores como ocurrió en la junta auxiliar de San Francisco Tláloc perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaquela.

La funcionaria federal resaltó que durante la rapiña del combustible en esta comunidad, se puso en riesgo a la población al llevarse por diferentes métodos el combustible que salía de una toma clandestina.

Ante ello, destacó que las fuerzas militares trataron de disuadir a la población y entrar en diálogo, sin embargo, ignoraron a las fuerzas castrenses sobre el riesgo que había por esta actividad ilícita.

“Lo que fue evidente, fue el riesgo de las personas que se llevaban el combustible, por lo que se tomó la determinación de disuadirlos y entrar en diálogo, pero no se consiguió nada”, explicó.

Allende Cano resaltó que es imposible procesar a toda una comunidad a pesar de que las sanciones así lo establecen por tratarse de un delito evidente, aunque es ocasionado por bandas criminales.

La delegada de la Secretaría de Gobernación precisó que es urgente la aplicación de las reformas propuestas ante el Senado de la República que contemplan sanciones más severas tanto de cárcel de 25 años y en materia económica.

La funcionaria federal recalcó que hasta no hacer las modificaciones no se podrá tener una aplicación de la ley para castigar más severamente este problema.