Gabriela García Guzmán
La administración encabezada por Edmundo Tlatehui Percino quedó bajo severo cuestionamiento luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectara presuntas irregularidades por más de 317 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de San Andrés Cholula.
De acuerdo con el informe individual presentado por el órgano fiscalizador, el gobierno municipal acumuló 44 pliegos de observaciones relacionados con posibles daños a la Hacienda Pública, evidenciando lo que podría convertirse en uno de los casos de manejo financiero más polémicos de la región.
Entre las anomalías detectadas destacan adquisiciones y contratos con expedientes incompletos, pagos sin documentación suficiente y falta de evidencia que comprobara la entrega de bienes o servicios, en operaciones que superan en algunos casos los 22 millones de pesos.
La ASE también observó pagos de nómina sin plena verificación de los límites legales, además de inconsistencias en la adquisición o registro de un terreno valuado en más de 23.4 millones de pesos, cuya documentación resultó insuficiente para acreditar correctamente la operación.
A ello se suman gastos relacionados con actividades sociales, culturales y otros conceptos administrativos que carecen de comprobación adecuada, lo que encendió alertas sobre la forma en que se ejercieron los recursos públicos durante el gobierno de Tlatehui.
Uno de los puntos más delicados del informe es que alrededor de 80 millones de pesos no pudieron ser comprobados de manera satisfactoria, situación que abre la puerta a posibles procedimientos administrativos y sanciones si las observaciones no son solventadas.
Las observaciones contra San Andrés Cholula forman parte de una revisión más amplia realizada por la ASE a municipios de la zona conurbada, donde también fueron detectadas inconsistencias en la administración de Paola Angón en San Pedro Cholula.
El informe coloca a la gestión de Edmundo Tlatehui bajo una fuerte presión pública y política, al exhibir presuntas deficiencias administrativas, falta de control interno y posibles actos de negligencia en el manejo de cientos de millones de pesos pertenecientes a los ciudadanos.
