En un acto de irresponsabilidad, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa dejó a la buena de Dios la administración del penal de este municipio, por lo que delegó esta responsabilidad al gobierno del estado.
Tras el anuncio del edil de Cholula, la administración estatal se tendrá que hacer cargo de la seguridad interna y de la operación de este Centro de Reinserción Social.
En conferencia de prensa, el edil de San Pedro Cholula argumentó que la falta de apoyo por parte del gobierno estatal para la construcción de un nuevo penal, lo llevó a tomar esta determinación.
En un tono amenazante y justificando su irresponsabilidad, afirmó que sólo se harán responsables de la aportación de recursos públicos y administración de los mismos, que de manera anual son más de 4 millones de pesos.
Por ello, sentenció que a partir de este día el gobierno municipal de San Pedro Cholula, se deslindó de la seguridad interna y operación del Centro de Reinserción Social (Cereso), ante la supuesta falta de voluntad política del gobierno estatal de aportar recursos para la construcción de un nuevo penal en San Andrés Calpan.
“A partir de hoy mi gobierno no es responsable de la seguridad interna, ni operación del Cereso regional, solo asumo la responsabilidad de la parte administrativa”, dijo.
Precisó que el penal se encuentra dentro de los cinco a nivel nacional con una problemática de hacinamiento y sobrepoblación, y pese a los tres años de gobierno municipal, no se ha presentado ningún motín, riña, ni han encontrado armas, droga ni teléfonos celulares.
En una actitud de víctima, reprochó que desde hace 3 años han trabajado en un proyecto ejecutivo para la construcción de un nuevo penal, para que salga del polígono de la denominación de Pueblo Mágico.
Pero además, aseveró el riesgo de que el penal se encuentre ubicado en pleno centro histórico de San Pedro Cholula, y no han tenido eco a las demandas de la reubicación.
Al final, José Juan Espinosa, anunció que entregará en comodato al gobierno del estado el terreno de 12 hectáreas que adquirió en San Andrés Calpan, así como 50 millones de pesos de la línea de crédito que aprobó hace un año el Congreso para la edificación del penal.
