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La historia de los Cañoneros del Mazatlán FC podría llegar a su fin antes de lo esperado. Desde su creación en 2020, cuando la franquicia de Monarcas Morelia se trasladó al puerto del Pacífico, el equipo no ha logrado consolidarse ni en la cancha ni en las gradas. Ahora, el club está en venta, y el futuro de la franquicia es incierto.

Según el comunicador 'Cántalo' Camacho, Grupo Salinas ha puesto un precio de 150 millones de dólares para quien quiera hacerse con el equipo. Esta cifra ha despertado el interés de un histórico del fútbol mexicano: Atlante. Los Potros de Hierro, que han estado buscando su regreso a la Liga MX, ven en esta oportunidad una vía rápida para volver al máximo circuito.

El Atlante, con una rica historia en el fútbol mexicano, ha estado luchando por regresar a la primera división desde su descenso. La compra de Mazatlán FC podría ser la jugada maestra que necesitan para volver a competir entre los grandes. La afición azulgrana sueña con ver a su equipo enfrentarse nuevamente a los gigantes del fútbol nacional.

La situación de Mazatlán FC refleja las dificultades que enfrentan los equipos nuevos en la Liga MX. A pesar de los esfuerzos por establecerse, la falta de resultados y el escaso apoyo de la afición han llevado a la directiva a considerar la venta. Este movimiento podría cambiar el panorama del fútbol mexicano, especialmente si Atlante logra concretar la compra.

El desenlace de esta historia aún está por escribirse. Mientras tanto, los aficionados de ambos equipos esperan con ansias noticias sobre el futuro de sus clubes. ¿Será este el renacer de Atlante en la Liga MX? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el fútbol mexicano está a punto de vivir un cambio significativo.

jornada.com

México. “Es justicia” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias de los tribunales colegiados contra Grupo Salinas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y advirtió que si Ricardo Salinas Pliego no paga, “hay procedimiento para garantizar” que lo haga  porque es la ley.

“Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres, cuatro días semanas, lleva tiempo si es que decide no pagar. Pero es justicia, así de sencillo”. “En este caso que resuelve la Corte ayer, sencillamente lo que hizo fue ratificar lo que ya habían dicho otras instancias, así de sencillo. Tiene que  ver con el cumplimiento de la ley y con un poder judicial imparcial”, sostuvo.

Afirmó que “no es extraño” que los ministros resolvieran de la de la manera en que lo hicieron, pero se debe revisar cuánto debe pagar el empresario.

Recordó que “el Código Fiscal establece una serie de beneficios, de acuerdo con las multas que vaya pagando. Si no paga, se van a incrementando”.

Manifestó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene que hacer el cálculo y lo tiene que mostrar, todo dentro del marco de la ley. Aquí no hay ningún autoritarismo, ni nada, subrayó.

La mandataria cuestionó que ante la resolución de la Corte “el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte”, cuando la Corte desechó siete recursos del grupo empresarial, quedan firmes las sentencias y deja válida la decisión del Servicio de  Administración Tributaria, después de que “pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso”.

La mandataria resaltó que fueron varios procesos, “en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte, antes de que se eligiera a los ministros. Y la (antigua) Corte los dejó congelados. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o favor, sino que los deja congelados. No  resuelven, no resuelven, no resuelven, los dejan dentro de un cajón y finalmente el aporte hoy lo que dice es desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial”.

Indicó que la Secretaría de Hacienda explicará los procedimientos en que están fijados todos los procedimientos posteriores.

“Primero notifica; si paga, ahí se resuelve el asunto. Si no paga, entonces tienen que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”.

El derecho a saber sobre el monto que recibieron de finiquito Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León como titulares de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) fue eliminado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.