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Anote usted el nombre de Amanda Gómez Nava, ex titular de la Función Pública y espuria ex Auditora Superior del Estado, como otra responsable de la corrupción cometida por la ex secretaria de Finanzas María Teresa Castro Corro.

Y es que Amanda en las posiciones políticas en las que fue impuesta, tuvo que haber detectado el quebranto patrimonial que cometió Castro Corro al haber enviado 650 millones de pesos a la institución financiera Accendo, la cual estaba boletinada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por ser una institución frágil y sin credibilidad, con operaciones sospechosas.

También tuvo que haber detectado el Segundo fraude que cometió Teresa Castro Corro, quien envió 6 mil 300 millones de pesos a la empresa Fondika, cuyo director es su pareja sentimental de nombre Juan Carlos Pelayo García.

En este segundo caso, la Ley Federal de Disciplina Financiera prohíbe invertir y especular con el recurso que está etiquetado, y más en una empresa desconocida que entregó la menor tasa de inversión comparado a lo que ofrecen los grandes monopolios bancarios que operan en México.

Amanda Nava tuvo en sus manos las cuentas públicas de Teresa Castro Corro y no se atrevió a denunciar la escandalosa corrupción, calló y se convirtió en cómplice.

Las dos ex funcionarias del gobierno Barbosista incurrieron también en el delito de omisión. Falta saber si su protectora tiene el poder suficiente para que las perdonen por tan escandaloso acto inmoral cometido en el periodo de Miguel Barbosa.

En el caso del banco Patito Accendo, los 650 millones de pesos se perdieron, y en el caso de Fondika, el dinero fue regresado tras haber sido jineteado por esa “empresa” que ofrece servicios financieros.

¿Merecen cárcel queridos seguidores de Contraparte.mx?.

Hace 18 meses, todos ellos aceptaron que Miguel Barbosa les impusiera a Amanda Gómez Nava como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La auditora general del Estado de Puebla, Amanda Gómez Nava, presentó su renuncia tras una serie de escándalos en los que se vio involucrada desde que actuó con omisión en el anterior cargo que ostentaba ante diversos actos de corrupción del gobierno de Miguel Barbosa.

Fue designada desde el pasado mes de octubre ante la salida de la anterior titular, Olivia Villaseñor Rosales.