Aurelia Navarro Niño
Para Francisco Romero Serrano, ex titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), las sanciones contra la ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, deben ser penales e ir a prisión por el hueco financiero que hizo por más de 600 millones de pesos entregados al extinto Accendo Banco.
Romero Serrano señaló que la fallida inversión no solo involucra a Castro Corro, sino también a la ex secretaria de la Función Pública, y ex titular de la ASE, Amanda Gómez Nava, por haber sido "complaciente" con el actuar fraudulento de la administración barbosista.
Precisó que las sanciones administrativas, de inhabilitar por 20 años, e imponer una multa de 362 millones de pesos solo fueron señalamientos administrativos, pero ahora se tiene actuar en las penas judiciales.
"Si ya se había decretado que existía una quiebra por parte de Accendo, la inversión, de ante mano, resulta fraudulenta, lo que me extraña es la complacencia de Amanda Gómez Nava quien fungió como secretaria de la Función Pública y auditora Superior del Estado en sustitución de su servidor, esa complacencia la hace responsable también", externó.
Francisco Romero puntualizó que si algunos personajes en su momento, como él, han sido encarcelado por haber sido señalado de cosas "insignificantes y puras presunciones" fueron enviados a prisión, se espera que tanto Castro Corro, como Amanda Gómez y quienes se vean involucrados en el quebranto financiero paguen el delito en prisión.
A partir de que se dio a conocer la responsabilidad confirmada de Teresa Castro Corro en la pérdida de 600 millones de pesos, nombres como el de Rosario Orozco Caballero viuda y actual diputada federal ha sido relacionada con esta mala práctica, al haber sido cercana al ex Gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, al igual que la ex titular de Comunicación en esa administración Verónica Vélez Macuil.
Tanto, Rosario Orozco Caballero como Vélez han guardó silencio ante las responsabilidades que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla fincó hacia la exfuncionaria e incondicional de Barbosa Huerta.
