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La Fiscalía abre una investigación por el pago de 100 millones de pesos de una empresa fachada del Cartel de Sinaloa a Vector
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México ha comenzado a mirar con lupa a las instituciones financieras sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente blanquear activos del narcotráfico. La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha iniciado una investigación en torno a transferencias millonarias pagadas a Vector por parte de Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., una empresa fachada que encabeza una red de blanqueo de dinero al servicio del Cartel de Sinaloa. La firma, que ya fue inhabilitada por la Secretaría de Hacienda, depositó a Vector 97,6 millones de pesos (5,2 millones de dólares) mediante 53 transferencias efectuadas en 2017, de acuerdo con información fiscal obtenida por EL PAÍS y que forma parte de la indagatoria. La FGR a cargo de Alejandro Gertz ha turnado el expediente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Este diario ha contactado a un portavoz de Vector para solicitarle un posicionamiento a propósito de la nueva investigación de la Fiscalía; el vocero ha señalado que la casa de bolsa no comentará al respecto.
El Departamento del Tesoro de EE UU acusó la semana pasada a CI Banco, a Intercam y a Vector de desempeñar “un papel clave y prolongado” en el blanqueo de millones de dólares de los carteles de la droga mexicanos, y de fungir como vehículo de pago para la adquisición de precursores de fentanilo provenientes de China. El Gobierno estadounidense documentó que Vector presuntamente ha prestado sus servicios al Cartel de Sinaloa y al Cartel del Golfo. Según esas pesquisas, entre 2013 y 2021, un empleado del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán lavó dos millones de dólares mediante envíos desde EE UU a México a través de Vector. La casa de bolsa también sirvió para que el cartel gestionara pagos por precursores de fentanilo, según la acusación. La organización de El Chapo es el principal productor de la droga sintética que ha inundado el mercado de EE UU, donde las muertes por sobredosis se cuentan por miles al año.
Vector es una firma de corretaje de valores en la que participa como accionista Alfonso Romo, que fue consejero empresarial del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. Según el Departamento del Tesoro, la casa de bolsa gestiona 11.000 millones de dólares en activos. Tras el bombazo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha exigido a sus contrapartes de Estados Unidos pruebas de las acusaciones de blanqueo de dinero del narco por parte de las instituciones financieras. La semana pasada, una organización civil presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Vector y Murata por los presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero, y entregó pruebas de las decenas de facturas que confirman las operaciones entre la empresa y la casa de bolsa. Las transferencias se realizaron entre enero y julio de 2017. En ese periodo hubo depósitos tan pequeños como para no levantar sospechas, por ejemplo, uno de 187 pesos, y otros por enormes cantidades, como uno de 19,9 millones de pesos. En un solo día, el 12 de mayo de 2017, Murata hizo ocho transferencias a Vector que suman 27 millones de pesos.
En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como empresa fantasma definitiva a Murata, que fingía ser una firma dedicada a la industria militar. En otras palabras, para la autoridad hacendaria, se trataba de una compañía de papel que simulaba operaciones y emitía facturas con la finalidad de lavar recursos. Detrás de Murata hay una familia señalada por la propia Fiscalía como operadora financiera del Cartel de Sinaloa. La compañía fue constituida en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, La Trilladora, que era a su vez operador financiero del cartel de El Chapo. Murata se conecta con más empresas factureras con las que comparte testaferros y se transfiere recursos, una práctica típica de blanqueo de dinero.
La FGR y la UIF, la agencia antilavado del Gobierno, señalan que La Trilladora, detenido en 2015, blanqueó más de 6.000 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa haciéndose pasar por un próspero empresario. La Fiscalía General también le acusa de haber financiado la construcción del túnel por el que El Chapo Guzmán escapó del penal del Altiplano, Estado de México, en 2015, en la segunda fuga del capo de una cárcel mexicana. Aun estando en prisión, La Trilladora blanqueó al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari. Una indagatoria de la FGR, adelantada por Reforma el año pasado, señala que Ferrari utilizó como prestanombres a meseras de Sanborns y a su propia hija para constituir las empresas fantasma de La Trilladora. Según ese diario, Ferrari fue detenido en julio de 2024, acusado de lavado y delincuencia organizada. En tanto, La Trilladora fue sentenciado en febrero de este año a una condena mínima, luego de que el juez desestimó los principales cargos presentados por la Fiscalía en su contra.
Además del Cartel de Sinaloa, entre los principales clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron en contratos más de 301 millones de pesos, según la documentación fiscal a la que ha accedido este periódico. El Estado de Nuevo León fue su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos —el 92% del total— provinieron de contrataciones en ese Estado. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Paolo Ferrari, el hijo del operador de La Trilladora que constituyó la empresa. Aunque presumía dedicarse al ramo militar, muchos de los negocios que le contrataron las instituciones oficiales eran radicalmente distantes; por ejemplo, la alcaldía de Monterrey, capital de Nuevo León, le encargó a Murata impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y sexualidad, a cambio de un pago de 10 millones de pesos. En ese entonces, el alcalde de Monterrey era el priista Adrián de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elección de 2024.
Murata está vinculada a otras empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco (del PVEM, durante años aliado del PRI y ahora de Morena); también se conecta con dos personajes involucrados en negocios ilícitos: Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera. El primero participó en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Peña Nieto. El segundo colaboró en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados más de 5.000 inversores, la mayoría españoles. Los ilícitos de Murata ya habían sido denunciados a nivel local en Nuevo León. Ya ahora, la presión de Estados Unidos ha sido la percha perfecta para poner en la mira de la justicia federal a esta poderosa red criminal de blanqueo.
Sheinbaum responde a denuncia del PAN a Vector: 'Pura propaganda'
aristeguinoticias.com
"A lo mejor ellos tienen pruebas", dijo irónicamente, afirmando después que solo se trata de un caso más de "engaño" por parte de sus opositores.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atendió este martes en la mañanera la denuncia presentada ayer, 30 de junio, por parte del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en contra de Vector Casa de Bolsa y de su titular, Alfonso Romo.
El escrito presentado acusa a la empresa de haber desempeñado colectivamente un papel prolongado y esencial en el lavado de millones de dólares a favor de cárteles de la droga.
La denuncia hace eco del señalamiento de lavado de dinero que hizo la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
El PAN denunció que Vector presuntamente facilitó pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo, así como realizar transacciones irregulares con altos funcionarios del gobierno mexicano.
En dicho punto, el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha surgido debido a su cercanía con Alfonso Romo, quien fungió durante la parte inicial del sexenio pasado como jefe de Oficina de la Presidencia de la República.
En atención al tema en general, Sheinbaum lo tachó de ser “pura propaganda de ellos (el PAN)”, y afirmó que no cuentan con ninguna prueba que sustente la presentación de dicha denuncia.
Recordó que la información que presentó el Departamento del Tesoro para sus acusaciones, ligando a tres entidades financieras mexicanas con el narcotráfico, no presentaba “prueba alguna”.
“A lo mejor ellos tienen pruebas”, dijo irónicamente, afirmando después que solo se trata de un caso más de “engaño” por parte de sus opositores.
Para reafirmar su crítica a los presuntos engaños por parte de “comentócratas”, destacó todas las “mentiras” que hoy el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Merino, desmintió en torno a la nueva Ley de Telecomunicaciones enviada desde el Ejecutivo Federal para su aprobación.
En ese punto, reiteró que no hay censura ni habrá hacia nadie con la ley, aunque los opositores se empeñen en esa narrativa.
Señalamientos de la denuncia del PAN
“La FinCen acusó a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., de presuntamente permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. La FinCen también concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., ha sido determinante al procesar transferencias a empresas chinas identificadas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en china, incluidas las 3 que se destacan a continuación, se presume que remitieron precursores a México para actividades ilícitas.
FINCEN ha identificado además varias transacciones que involucran a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y a afiliados del Cártel De Sinaloa. Por ejemplo, de acuerdo con FINCEN, los registros indican que entre 2013 y 2016 una presunta “mula de dinero” del citado cártel transfirió más de 1.5 millones de dólares estadounidenses a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Posteriormente, de 2019 a 2021, la misma persona realizó transferencias adicionales por más de $500,000 dólares a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., a través de una empresa radicada en Estados Unidos. Asimismo, FINCEN concluye que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., participó activamente durante varios años en operaciones que implicaron recursos derivados de presuntos sobornos pagados por el Cártel De Sinaloa a altos funcionarios del gobierno mexicano.
Esto deja en evidencia el patrón continuado y sistemático de operaciones financieras que posiblemente facilitan el “lavado” de activos, y el financiamiento directo y/o indirecto de actividades criminales y designadas como terroristas por el gobierno estadounidense. Se ha documentado la intervención de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., bajo la dirección de su titular ALFONSO CARLOS ROMO GARZA, en transferencias millonarias a favor de empresas posiblemente fachada vinculadas con el Cartel de Sinaloa y otros, así como pagos a proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo, salvo error de apreciación. Asimismo, se ha documentado que la Unidad de inteligencia Financiera conocía, al menos en parte, de este esquema desde 2024, sin que a la fecha exista imputación en contra de alguno de los sujetos activos o alguna medida cautelar o aseguramiento a fin de congelar los recursos involucrados”.