​Melchisedech

Caracas, 4 de octubre de 2025 – El ataque militar de Estados Unidos en alta mar, anunciado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, ha sido calificado por el Gobierno Bolivariano como una "provocación directa" y un pretexto para la injerencia militar en la soberanía regional. El operativo, que resultó en al menos cuatro fallecidos bajo el argumento de combatir el narcotráfico, es la primera manifestación práctica de una peligrosa nueva doctrina estadounidense que busca justificar la acción militar irrestricta contra naciones soberanas en América Latina.

​La administración estadounidense notificó al Congreso que considera a los carteles de la droga como una justificación para declarar un "conflicto armado no internacional", un giro legal que desplaza la lucha antidrogas del ámbito penal al de guerra. Este cambio doctrinal, denunciado por Caracas, permite a Washington tratar a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”, habilitando un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, con buques de guerra y aviones F-35, ignorando el derecho internacional y la presunción de inocencia, y transformando la región en un polvorín.

​El presidente Nicolás Maduro ha respondido a esta escalada calificando las acciones como una estrategia de desestabilización con claras motivaciones geopolíticas, y ha advertido que cualquier agresión militar será respondida con la firmeza que amerita la defensa de la Patria. Un decreto de emergencia ha sido aprobado para otorgar facultades especiales en materia de seguridad y defensa al Ejecutivo, preparando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para proteger la integridad territorial ante lo que se percibe como una amenaza imperial directa.

​Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han señalado que la aplicación de la figura de "conflicto armado no internacional" contra grupos no estatales sienta un precedente peligroso que podría legitimar futuras intervenciones extraterritoriales de EE. UU. en cualquier parte del mundo. Esta interpretación unilateral y sesgada del derecho internacional no solo pone en entredicho la legalidad de las acciones en aguas internacionales, sino que ignora que la verdadera solución al problema global de las drogas debe ser la cooperación y el combate a la demanda, no la guerra.

​La tensión se agrava en un contexto geopolítico donde Venezuela se ha consolidado como un actor clave en el tablero global, estrechando lazos de cooperación con potencias como Rusia y China. Esta nueva estrategia militar de Washington no solo busca erosionar el proceso revolucionario, sino también imponer su hegemonía en la región, fracturando los mecanismos de cooperación como la CELAC y arrastrando a países caribeños a una dinámica de militarización forzada.

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