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El jus soli, o “derecho de suelo”, es un principio jurídico que otorga la ciudadanía automáticamente a las personas nacidas en el territorio de un país, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Actualmente, cerca de 30 países en el mundo aplican este derecho sin restricciones, entre ellos México, cuyo artículo 30 constitucional lo garantiza.
Sin embargo, hay naciones donde el jus soli no se aplica o tiene limitaciones. En estas regiones, la ciudadanía solo se adquiere si los padres cumplen ciertos requisitos, como ser ciudadanos o residentes legales, o en algunos casos, no se otorga en absoluto. Este modelo, conocido como jus sanguinis (derecho de sangre), predomina en varios países.
Países con restricciones a la ciudadanía por nacimiento
Europa
En la mayoría de los países europeos, la nacionalidad se transmite únicamente por descendencia (jus sanguinis). Ejemplos:
•Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega, Suiza, Italia, Grecia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, Irlanda, Reino Unido.
Asia y Medio Oriente
Las leyes de ciudadanía suelen ser más estrictas, priorizando la nacionalidad de los padres.
•Japón, China, Corea del Sur, India, Singapur, Malasia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Qatar.
África
En varios países africanos, el jus soli no se aplica o tiene restricciones significativas.
•Egipto, Libia, Somalia, Sudán.
Oceanía
En Australia y Nueva Zelanda, el jus soli fue eliminado en los últimos años, y ahora se requiere que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente permanente.
América
La mayoría de los países americanos aplican el jus soli, aunque hay excepciones:
•Chile y Colombia: Los hijos de extranjeros en tránsito o con estatus migratorio irregular no adquieren automáticamente la nacionalidad.
Implicaciones de eliminar el jus soli
La propuesta de Trump no es nueva, pero su implementación requeriría cambios constitucionales significativos en Estados Unidos. Si se eliminara este derecho, el país se uniría al grupo de naciones que aplican criterios más restrictivos para otorgar la ciudadanía. Aunque el objetivo declarado es limitar los incentivos para la inmigración irregular, los críticos argumentan que estas políticas podrían crear una generación de personas sin nacionalidad y derechos básicos, lo que complicaría aún más la situación migratoria global.
