Por su presunta responsabilidad en los pagos por más de 100 millones de pesos que el DIF Estatal realizó a empresas fantasma bajo su gestión.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, luego de que fuera cuestionado por la diputada Mariana Rodríguez sobre los avances de este procedimiento.

Desde finales de mayo pasado la Fiscalía General de Justicia de Veracruz informó que había obtenido de un juez local la orden de aprehensión en contra de Karime Macías, y que pediría a las autoridades federales correspondientes (PGR y Cancillería) que se iniciara en Reino Unido el proceso de extradición. Esto tras confirmarse que Macías se encontraba viviendo en Londres con sus hijos.

Pero el proceso se retrasó debido a que las autoridades federales solicitaron a la Fiscalía de Veracruz que se precisaran varios datos relacionados con la orden judicial en contra de Karime y de la carpeta de investigación que dio paso a la misma. Hasta la comparecencia de hoy no se conocía de ningún avance.

Pero según lo referido por Elías Beltrán en la comparecencia, en este mes la Cancillería mexicana ya formalizó ante su homóloga en el Reino Unido la referida solicitud. El funcionario detalló que habrá que esperar ahora a que el gobierno británico lleve a cabo el proceso correspondiente y, si se cumplen todos los requisitos legales, se proceda entonces con la emisión de la orden que permita detener a Macías.

Autoridades con conocimiento del caso confirmaron a Animal Político que mientras el gobierno del Reno Unido no considere que el procedimiento de extradición es justificado y gire la orden de arresto correspondiente, Macías no puede ser detenida.

Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado de Macías, señaló en un comunicado que no hay prueba alguna en contra de su cliente, y que la solicitud de detención con fines de extradición no tiene sustento.

“Es materialmente imposible que la señora Karime Macías Tubilla cometiera el acto ilícito que se le imputa ya que nunca ocupo un cargo público, pues si bien fue Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, únicamente tenía una posición honoraria y jamás estuvo en posibilidad de dar instrucciones de realizar o no determinados hechos”, apuntó el abogado.

“De todo lo anterior, se concluye que, si la orden de aprehensión es ilegal a todas luces, sus consecuencias —como lo es la solicitud de detención con fines de extradición— también lo son”, agregó.

“Tengo la firme convicción de que no se prostituirá la justicia en aras de satisfacer una fiebre política”.

La Fiscalía General de Veracruz informó que durante los próximos meses su titular, Jorge Winkler Ortiz, dará seguimiento del proceso de extradición de Karime Macías, “para asegurar que enfrente la acción de la justicia por su probable participación en el quebranto financiero del Estado”.

En un comunicado, la Fiscalía se congratuló de que la PGR haya presentado la solicitud a Reino Unido, dando “cumplimiento a la orden de aprehensión obtenida en su contra por el delito de fraude específico, cometido en agravio del patrimonio del gobierno del estado de Veracruz”.

Cabe recordar que la Fiscalía de Veracruz acusa a Karime Macías de que, bajo su gestión, el DIF Estatal firmó contratos con empresas fantasma por un monto de 112 millones de pesos.

Dichos contratos fueron revelados originalmente por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el reportaje “Las Empresas Fantasma de Veracruz” publicado en 2016. Posteriormente, este mismo medio reveló en mayo pasado que los pagos del DIF de Veracruz a compañías fachada superan los 400 millones de pesos.

La PGR tiene abierta una investigación en contra de Karime Macías por presuntos delitos fiscales, pero la misma no ha derivado todavía en ninguna consignación ni orden de aprehensión.