El Papa Francisco fustigó a las deportaciones ?colectivas y arbitrarias? de los migrantes, pidió evitar la detención como delincuentes de los indocumentados e instó a los países a ofrecer visados especiales, entre otras cosas, para favorecer la reunificación familiar.

El Papa incluyó estas consideraciones en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que la Iglesia católica celebrará el 14 de enero de 2018, pero cuyo contenido fue dado a conocer este día por el Vaticano.

Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados es el título del texto, fechado el 15 de agosto pasado. En él, Jorge Mario Bergoglio urgió a ampliar las posibilidades para que todos los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino.

Llamó a un “compromiso concreto” para “incrementar y simplificar la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar” además de animar a que más países adopten programas como los corredores humanitarios a favor de personas obligados a dejar sus lugares de origen.

Defendió el derecho de los migrantes a un alojamiento “adecuado y decoroso” y solicitó la concesión de “visados temporales especiales” para las personas que huyen de los conflictos hacia los países vecinos.

“Las expulsiones colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una solución idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países que no pueden garantizar el respeto a la dignidad ni a los derechos fundamentales”, advirtió.

Más adelante solicitó a los gobiernos formar adecuadamente al personal encargado de los controles de las fronteras y que se garantice tanto la seguridad personal como el acceso a los servicios básicos de los emigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, allí donde se encuentren.

“En nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la detención de los que entran en el territorio nacional sin estar autorizados”, insistió.

Asimismo, constató la necesidad de que estas personas accedan a una adecuada asistencia consular, a tener siempre consigo los documentos personales de identidad, a un acceso equitativo a la justicia, a la posibilidad de abrir cuentas bancarias y a la garantía de lo básico para la subsistencia vital.

También invitó a los países a prever programas de custodia temporal o de acogida para los menores migrantes no acompañados.

Advirtió que el estatus migratorio no debería limitar el acceso de las personas a la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones, como tampoco a la transferencia de sus contribuciones en el caso de repatriación.

“Es una gran responsabilidad que la Iglesia quiere compartir con todos los creyentes y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que están llamados a responder con generosidad, diligencia, sabiduría y amplitud de miras cada uno según sus posibilidades a los numerosos desafíos planteados por las migraciones contemporáneas”, ponderó.