El gobierno venezolano aseguró que la elección tuvo un 41,53% de participación con 8 millones de venezolanos en las urnas. Pero Smartmatic estimó que "la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores".

En una conferencia de prensa convocada en Londres, el director ejecutivo de la compañía, Antonio Mugica, aclaró que por el momento no podían precisar el número exacto. "Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación", aseguró Mugica, quien sin embargo no quiso comentar sobre el impacto de esa supuesta discrepancia para la validez de la elección.

Smartmatic, una multinacional de origen venezolano, proporcionó la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004, incluyendo la elección del domingo para la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, en el caso de la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, fundamentales como testigos del proceso, explica la firma, que tenía entre sus responsabilidades la totalización de los votos.

Antes del anuncio de Smartmatic, varios países ya habían dicho que no van a reconocer el resultado de los comicios del domingo, que fueron boicoteados por la oposición venezolana.

Esta ya había estimado la participación en los comicios en únicamente el 12,4% del padrón electoral, es decir, unos 2,4 millones de electores.

Después del anuncio, el presidente de la Asamblea Nacional y líder opositor Julio Borges señaló que lo dicho por la compañía confirma las denuncias opositoras.

"Es un terremoto a nivel mundial, porque lo que se venía diciendo a gritos viene a tener confirmación completa.Smartmatic ha declarado que tiene la data dura incontrovertible según la cual las elecciones de la Constituyente no fueron sólo un fraude por la convocatoria, sino que todos los resultados que leyó el CNE esa noche son absolutamente fraudulentos".

"Sin lugar a dudas los rectores del CNE son sujetos de un delito que es adulterar el resultado electoral", afirmó Borges.

El parlamentario anunció que un grupo de diputados se dirigirá al Ministerio Público a pedir que se abran "investigaciones penales porque lo que ha ocurrido es un delito que comienza por la misma cabeza del órgano electoral".

"Esto constituye una razón más para seguir luchando", dijo Borges, que pidió más ayuda a la comunidad internacional.

El gobierno de Venezuela, sin embargo, ha defendido la legitimidad de la nueva asamblea, que tiene como misión redactar una nueva Constitución y se espera ordene la disolución del actual parlamento, controlado por la oposición.