Gabriela García Guzmán

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, manifestó su disposición a fortalecer la participación de las autoridades federales en la supervisión del penal de San Miguel, ante las denuncias de presuntas extorsiones, cobros indebidos y otras irregularidades señaladas por familiares de personas privadas de la libertad.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara su disposición para colaborar en la revisión de los centros penitenciarios, el mandatario poblano reconoció la importancia de mantener la coordinación con las instituciones federales para atender la problemática.

Armenta Mier adelantó que durante los próximos días podrían ser trasladados algunos internos presuntamente involucrados en actos de extorsión e intimidación dentro del reclusorio, aunque no precisó cuántas personas serían reubicadas ni los centros penitenciarios a los que serían enviadas.

Explicó que la Secretaría de Gobernación estatal, a cargo de Samuel Aguilar Pala, mantiene comunicación con las autoridades de seguridad y los responsables del penal para revisar las inconformidades presentadas por familiares de los reclusos.

El titular del Ejecutivo aseguró que ya se encuentra instalada una mesa de trabajo para analizar las denuncias y determinar las acciones correspondientes, incluidas posibles investigaciones contra servidores públicos.

En ese sentido, afirmó que su administración mantiene una política de diálogo y apertura, pero advirtió que cualquier señalamiento deberá investigarse conforme a la ley.

Respecto a la intervención federal, destacó que elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina realizan visitas y recorridos periódicos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

El gobernador reconoció que el penal de San Miguel ha registrado diversos cambios durante su administración y sostuvo que continuará la revisión de su funcionamiento para atender las inconformidades.

Las declaraciones ocurren después de que familiares de personas privadas de la libertad denunciaran presuntos cobros ilegales y exigieran modificaciones en la dirección del centro penitenciario.

Por ahora, las autoridades estatales mantienen abiertas las investigaciones, mientras se define el traslado de los internos señalados y las medidas que podrían adoptarse para reforzar la supervisión del reclusorio.