Gabriela García Guzmán

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que en los próximos días podrían ser trasladadas personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, presuntamente relacionadas con actos de intimidación y amenazas al interior de un centro penitenciario de la entidad.

En entrevista, el mandatario estatal explicó que las autoridades ya analizan la reubicación de algunos internos señalados por su posible participación en estas conductas, como parte de las medidas para atender la situación que enfrenta el penal.

“Es muy probable que en estos días se trasladen algunos reos, que son los que presuntamente han estado realizando estos actos que generan intimidación y amenaza”, declaró.

Respecto a las exigencias de destitución de funcionarios penitenciarios, entre ellos el director y subdirector del centro de reclusión, así como los señalamientos contra un juez, Armenta Mier aseguró que su administración revisará las denuncias, pero dejó claro que cualquier determinación deberá estar sustentada en investigaciones y procedimientos legales.

Lo anterior, luego de que durante una manifestación se plantearan diversas exigencias relacionadas con el funcionamiento del penal y la actuación de las autoridades responsables.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que permanecerá atento a los resultados de la mesa de trabajo instalada para atender las inconformidades y reiteró que su gobierno mantiene disposición para escuchar cualquier denuncia.

Sin embargo, subrayó que los señalamientos contra servidores públicos no pueden derivar automáticamente en destituciones, debido a que deben respetarse la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos laborales de las personas involucradas.

“Cualquier queja, cualquier señalamiento lo analizamos, lo investigamos”, sostuvo el gobernador, quien agregó que las investigaciones se realizan con seriedad para determinar si existen incumplimientos al marco normativo.

La postura del mandatario surge también después de que señalara anteriormente que presuntamente se habría pagado a personas para participar en una manifestación relacionada con el centro penitenciario, situación que ha generado cuestionamientos sobre el origen de las protestas y las demandas presentadas.

Por ahora, el gobierno estatal no ha precisado cuántos internos serían trasladados, a qué centros penitenciarios serían enviados ni la fecha exacta en que se realizarían estos movimientos.

Asimismo, continúa pendiente conocer si las investigaciones sobre los funcionarios señalados derivarán en sanciones administrativas, cambios de personal o alguna otra medida.

Armenta Mier insistió en que las decisiones se tomarán con base en los resultados de las investigaciones y no únicamente a partir de las exigencias planteadas durante las manifestaciones.