Al tiempo de anunciar que el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Economía Federal, hizo entrega del Primer Certificado al Poder Judicial del Estado de Puebla como un reconocimiento único por alcanzar los estándares mínimos suficientes en materia de juicios orales mercantiles, el gobernador Miguel Barbosa Huerta negó haber ejercido presión o influido en ese poder para modificar alguna sentencia.
“Nunca he realizado ninguna recomendación al poder al Poder Judicial sobre el sentido de un asunto de una sentencia y así lo vamos a conservar, como una máxima en el ejercicio de la autoridad”, expresó en conferencia de prensa, además destacó que ese Certificado demuestra que en el Poder Judicial en Puebla, en materia de juicios orales de índole mercantil, se podrán resolver en el menor tiempo esperado.
“Esto que hoy se anuncia, es la certidumbre de la instalación del Estado de Derecho, que brinda la certidumbre jurídica, que es fundamental para que las gentes que vengan a invertir a Puebla sepan que cualquier conflicto de intereses de cualquier litigio, va a resolverse en el menor tiempo posible, 89 días de los 220 que anteriormente se llevaba un litigio de esa naturaleza”, explicó el mandatario poblano.
Acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez y de la secretaria de Economía local, Olivia Salomón, el titular del Poder Ejecutivo indicó que ese es el tiempo más breve del país para resolver un conflicto mercantil, a través de los juicios procesales de carácter oral en Puebla.
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En su oportunidad el magistrado Héctor Sánchez refirió que gracias a los esquemas que se están planteado en el Poder Judicial del estado de Puebla, se ha logrado bajar el resolutivo a esta clase de juicios, pero no descarta que si más adelante, los mismos esquemas lo permiten y mejoren los juicios orales en temas de índole familia o civil y porque no, hasta penales.
“Eso habla de la labor que se está haciendo (en el TSJ), para resolver los asuntos en esta materia y habla de la evolución del Poder Judicial y se está trabajando para que sea lo mismo para los asuntos de carácter civil, familiar y los asuntos -obviamente observando las etapas del debido proceso- de carácter penal”, reiteró el magistrado presidente del TSJ.
Incluso mencionó que “órganos jurisdiccionales que tardan prácticamente 60 días, lo que significa que hay juzgados que han mejorado aún más el sistema, pero se debe generalizar, para hacerlo eficiente en la mayoría”, explicó Sánchez Sánchez.
Resaltó que el promedio general anterior, para resolver un juicio de índole mercantil, llevaba hasta 240 días, y que en el resto de la República, en algunos se tardan hasta ocho meses en resolver un juicio de esta naturaleza, “entonces cuando iniciamos, nos encontrábamos por arriba de la media nacional y hoy, todos nuestros órganos de justicia -incluyendo los del interior del estado en materia mercantil, porque eso es muy importante resaltarlo, no estamos hablando de la capital sino el interior del Estado-, también están por debajo de la media nacional”, indicó, tras comprometerse que hará lo necesario.
Por lo anterior el gobernador anunció en dicha rueda de prensa que seguirá apoyando al Tribunal Superior de Justicia, incluso con recursos económicos por arriba de los 250 millones de pesos para mejorar el servicio a través de más instalaciones para ello o en su caso, para modernizar los procedimientos de tal forma que agilicen aún más estos juicios orales mercantiles.
