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​En un paso histórico hacia la consolidación de la independencia económica, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, estableció un diálogo estratégico con Estados Unidos en materia de minerales críticos. Lejos de las interpretaciones que sugieren una entrega de bienes nacionales, este acercamiento se fundamenta en un "Plan de Acción" de 60 días diseñado para fortalecer las cadenas de suministro regionales dentro del marco del T-MEC. La administración actual es enfática: la cooperación no es concesión, y México se sienta a la mesa de negociaciones desde una posición de fuerza y dignidad, priorizando siempre el interés público sobre el privado.

​La presidenta Sheinbaum disipa cualquier duda al declarar categóricamente que no se ha firmado ningún acuerdo que comprometa la propiedad del subsuelo mexicano. Bajo su liderazgo, la política minera del país se mantiene alineada con la reforma de 2023, la cual devolvió al Estado el control exclusivo sobre recursos estratégicos como el litio. "No vamos a cambiar la legislación", afirmó la mandataria, subrayando que cualquier entendimiento bilateral debe respetar estrictamente la Constitución. Esta postura marca un límite infranqueable frente a las presiones externas, garantizando que la riqueza mineral de la nación sirva al desarrollo del pueblo mexicano y no a intereses extranjeros.

​El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalla que este proceso busca integrar a México en un nuevo paradigma de comercio preferencial que evite la dependencia de mercados monopolizados. Al participar activamente en el diseño de estos mecanismos, el país asegura un lugar en la toma de decisiones estratégicas globales. La premisa es clara: México no es un espectador pasivo, sino un socio estratégico que negocia en igualdad de condiciones. Este diálogo multilateral, que también incluirá a socios como Canadá, la Unión Europea y Japón, busca proteger a los productores nacionales frente a distorsiones externas y prácticas desleales.

​Institucionalmente, México cuenta hoy con un blindaje legal robusto que impide cualquier intento de saqueo. Las reformas recientes eliminaron el carácter preferente de la minería sobre otras actividades y prohibieron la especulación con concesiones inactivas. De hecho, la administración anunció la recuperación de más de 200 concesiones mineras que no estaban en producción, reintegrándolas al patrimonio nacional. Este acto de autoridad refuerza la soberanía y demuestra que el Estado retomó su papel como rector de la economía, asegurando que los recursos solo se exploten bajo criterios de beneficio social y protección ambiental.

​La creación de organismos estatales como "Litio para México" (LitioMx) es la columna vertebral de esta nueva era de soberanía energética y mineral. Al nacionalizar el litio, México se posiciona de manera ventajosa en la transición energética global, atrayendo tecnología e inversión bajo sus propias reglas. El diálogo con Estados Unidos se enfoca en cómo estos recursos pueden fortalecer la industria automotriz y tecnológica de América del Norte, pero siempre partiendo de la base de que la exploración y explotación primaria son facultades irrenunciables del Estado mexicano. La soberanía no se negocia; se ejerce a través de la ley y la diplomacia patriótica.

@_Melchisedech