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Presión internacional alcanza a Adán Augusto tras caso Bermúdez
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La situación legal de Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, ha escalado en medio de crecientes señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con análisis periodísticos y fuentes de inteligencia, este caso podría estar impactando directamente al senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Según columnas como la de Raymundo Riva Palacio, publicadas en medios nacionales, la Embajada de Estados Unidos estaría solicitando acciones concretas contra políticos mexicanos señalados por facilitar o encubrir operaciones criminales. Entre ellos, menciona la posible implicación de al menos dos gobernadores en funciones, un integrante del gabinete federal, dos generales (uno en activo), y líderes relevantes de Morena.
Uno de los focos de atención es la relación entre Adán Augusto López y Bermúdez, quien fue su colaborador en Tabasco. La difusión de información por parte del gobierno federal sobre este caso podría obedecer tanto a presiones externas como a dinámicas políticas internas, según interpretaciones de especialistas.
En ese sentido, David Saucedo, analista en temas de seguridad, expuso en el noticiero de EXPRESO 24/7 con Marcelo Beyliss, que la revelación del caso podría responder a una estrategia doble: "responder a Washington y, al mismo tiempo, reducir la influencia interna de actores como Adán Augusto", quien ha sido identificado como obstáculo para algunas propuestas presidenciales en el Senado.
Aunque hasta el momento no hay investigaciones abiertas contra el legislador, la narrativa pública en torno a sus vínculos ha ganado visibilidad. No se descarta, según Saucedo, que se intente reorganizar el liderazgo de Morena en el Senado con un nuevo subcoordinador.
Asimismo, dentro de la misma línea de análisis, se ha mencionado que otros actores políticos, como el gobernador de Zacatecas, David Monreal, podrían figurar en la lista de interés de autoridades estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que se mantiene firme el compromiso con la legalidad: “No se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario”, declaró el 28 de julio al ser cuestionada sobre el caso.
Por su parte, Bermúdez ya enfrenta una notificación roja emitida por Interpol, mientras autoridades mexicanas aseguran que su búsqueda es internacional y coordinada con agencias de seguridad extranjeras.
El Adán Augusto poblano
Por Valentín Varillas
El diputado Julio Huerta negó públicamente que supiera de las ligas de Uruviel González Vieyra con la delincuencia organizada, cuando este último fue detenido por la justicia.
Además, a quien fuera presidente municipal de Chalchicomula de Sesma lo hizo coordinador regional de su precampaña en busca de la candidatura de Morena al gobierno del estado.
Pero lo más grave es que, como subsecretario de gobernación y auténtico hombre fuerte de esa dependencia en el gobierno de Miguel Barbosa, Huerta no se enterara de la existencia de carpetas de investigación abiertas desde el 2022 por la Fiscalía General del Estado contra González Vieyra y sus hermanos Ramiro y Giovanni.
La instancia que procura justicia en el estado los relaciona con la estructura criminal de David González Pineda, el mayor distribuidor de droga en municipios como Chalchicomula de Sesma, San Nicolás Buenos Aires y Tlachichuca.
También tienen cuentas pendientes con la justicia por amenazas y peculado.
El supuesto desconocimiento de Huerta Gómez de esta realidad no es un tema menor.
Son asuntos que tienen que ver directamente con la gobernabilidad y la coordinación entre instituciones en un tema supuestamente prioritario como la seguridad pública y el combate a la delincuencia.
Un subsecretario de gobernación que opere realmente como tal, debe saber de la existencia de evidencias legales que supongan que alcaldías de municipios poblanos han sido infiltradas por organizaciones criminales.
Es una obligación mínima, básica, inherente a su cargo.
El hoy diputado local no sólo no hizo nada para coadyuvar a la aplicación del estado de derecho, sino que “premió” a Uruviel integrándolo a la estructura de operación de su precampaña.
Por incompetencia o por complicidad; las dos igual de graves.
Julio Huerta gastó decenas de millones de pesos en su estrategia de posicionamiento para amarrar la candidatura del oficialismo al gobierno del estado.
Fue impresionante de verdad el dispendio en espectaculares, vallas publicitarias, displays, señalética y demás parafernalia para promocionar su imagen.
Nunca se había visto algo siquiera parecido en el proceso interno de un partido.
Ta vez ahí se encuentre la razón de todo esto.
El dinero, siempre el cochino dinero que las organizaciones delictivas usan para meterse de lleno en la vida democrática nacional a cambio de impunidad.
Esa que la tuvieron garantizada mientras Julio Huerta fue servidor público y que se acabó de manera fulminante a medida que perdió poder.
Pero él no lo sabía.
Es más, todavía ni se entera.
Nuestro Adán Augusto de por aquí cerquita resultó igual o peor que el original.
Pobre Puebla.
statuspuebla.com.mx
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