Para deslindar responsabilidades del operativo contra ambulantes del pasado 22 de julio, la Contraloría Municipal solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla un informe de los oficiales que participaron.
El titular de la dependencia, Rodolfo Sánchez Corro, detalló que fue el presidente municipal, Luis Banck Serrato, quien ordenó iniciar la investigación para constatar los protocolos de actuación de los uniformados.
“Ustedes saben que fue un operativo de manera conjunta con el gobierno del estado. La instrucción del alcalde fue iniciar una investigación para determinar y constatar la debida actuación de los servidores públicos y que se haya apegado al marco normativo”, dijo.
El funcionario precisó que dio un plazo –no precisó de cuantos días- para que se cumpla con este requerimiento y así avanzar con el desahogo de pruebas, para contar con un veredicto antes de que termine este año.
Sánchez Corro señaló que será antes de que termine el año cuando se tengan resultados de las investigaciones, por lo que en caso de que los elementos sean culpables, dijo que podrían ser sujetos a cuatro tipos de sanciones de acuerdo a la ley de responsabilidades: amonestación privada o pública, destitución e inhabilitación.
