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Contraparte/Staff

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra José Miguel N., José Higinio N. y Laura N., por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en Santiago Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso.

De acuerdo con la investigación, el 9 de febrero de 2023, aproximadamente a las 19:30 horas, la víctima se encontraba en su domicilio acompañada de familiares cuando seis personas, vestidas con uniformes similares a los militares, ingresaron al inmueble, la sometieron y posteriormente la privaron de la libertad. Ese mismo día, los responsables se comunicaron con uno de sus familiares para exigir 6 millones de pesos a cambio de su liberación.

Las negociaciones no llegaron a un acuerdo y el 19 de febrero de 2023 fue localizado el cuerpo de la víctima. A partir de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía se obtuvieron órdenes de aprehensión contra quienes posteriormente fueron llevados ante la autoridad judicial y ahora recibieron sentencia condenatoria.

El 6 de agosto de 2026, el Tribunal dictó fallo condenatorio e impuso a los sentenciados una pena de 80 años de prisión, además de una multa por 1 millón 244 mil 880 pesos, la reparación del daño moral y material —cuya cuantificación se realizará en la etapa de ejecución— y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la libertad de las personas, así como de presentar ante los tribunales los elementos necesarios para que quienes resulten responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

jornada.com

Una red de despojo que tiene conexiones con una notaría del estado de México se apropió ilegalmente de la casa de la familia de Alberto Sorkin, ubicada en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en 2010. Después de 16 años de los hechos, no han podido recuperarla.

Alberto acudió a las reuniones que se hicieron esta semana con víctimas de despojo para hacer visible su caso, pues apegarse a los procedimientos legales no le ha restituido el inmueble en donde creció, además de que ya es rematado por la inmobiliaria Inmonova Bienes por 60 millones de pesos.

Dicha red de despojo es encabezada por Carlos Eugenio Cuenca Aznar, un sujeto al que la entonces Procuraduría General de Justicia de la ciudad encarceló en el Reclusorio Oriente en 2012 por fraude, pero que quedó en libertad para continuar operando.

Él, en coordinación con su hermano Ernesto Eduardo Cuenca Aznar, presunto abogado, hicieron un “contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria” en 2008 en la notaría número 91 de Tlalnepantla, en el que involucraban a la madre de Alberto. Eso ocurrió tan sólo dos años antes de que ella perdiera la vida por temas de salud.

Falsificación de entrega de aval, el punto de partida

En el contrato, que fue consultado por La Jornada, María Rodríguez Sorkin fue puesta ilegalmente como aval de Constructor Celo Salvador SA de CV, con supuestas oficinas en Paseo del Río, en la colonia Paseos de Tasqueña, Coyoacán, para respaldar un préstamo de 4 millones de pesos que la empresa debía liquidar en determinado plazo o, de lo contrario, la casa ubicada en la Segunda Cerrada de Frontera 6, propiedad de la familia en esa misma colonia, pasaría a ser de los despojantes.

Los hermanos Aznar presentaron firmas falsas y una identificación ilegible de la madre de Alberto ante la notaria pública María Guadalupe Pérez Palomino, quien firmó el documento y dio fe de los hechos. Cabe señalar que, posteriormente, la letrada perdió la vida durante la pandemia de covid-19.

Tras recibir el contrato de mutuo, en 2010, los hermanos Cuenca, propietarios de la supuesta constructora, interpusieron un juicio en el juzgado noveno de lo civil en Tlalnepantla, en el que el juez José Luis Martín López Santana les otorgó la posesión del inmueble de la familia Sorkin en la Ciudad de México.

Yazmín Ortega

Una vez que la madre de Alberto falleció, y con una sentencia a su favor, Ernesto Eduardo Cuenca se apersonó en el domicilio señalando que le pertenecía, pero la familia Sorkin le impidió la entrada. Meses después, con ayuda de elementos de la policía capitalina, los sacaron de su casa a la fuerza y pusieron a un velador a cuidarla desde entonces.

Este diario recorrió por fuera el predio despojado con la víctima y constató que un sujeto monitoreaba las actividades que se realizaban.

Tras el despojo, la familia Sorkin emprendió diversos procedimientos civiles con abogados que, según relataron Alberto y su esposa Verónica, sólo les “sacaron” dinero y permitieron que jueces en la Ciudad de México le dieran la razón a los despojantes.

Ignoran peritaje clave

A pesar de que una perito del estado de México señaló a las autoridades que la firma que presentaron los despojadores era falsa, resolución que quedó asentada en el documento FC/74/TI/325/15-06, esto no fue tomado en cuenta por los jueces José Encarnación Lozada y María Teresa Rincón, ni por los magistrados de la tercera sala civil de la capital, Mónica Venegas Hernández, Carlos Camargo Correa y Antonio Hernández Sánchez. Todos ellos, en algún momento en estos 16 años, tuvieron el expediente 1565/2025.

Al destaparse los casos de despojo en la ciudad, la familia de Alberto acudió a la reunión del pasado miércoles en la jefatura general de la Policía de Investigación (PDI) para visibilizar su caso. Ahí, Verónica hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rafael Guerra, para que revisen su caso.

También pidieron específicamente que detengan la red de despojo que encabezan los hermanos Cuenca Aznar en colusión con autoridades del estado de México, pues las investigaciones que han emprendido a lo largo de los años los llevaron a detectar 17 notarías en aquella entidad que han expedido documentos que son utilizados con el objetivo de apropiarse de inmuebles.

Contraparte/Staff

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria contra Arath N., de 21 años de edad, por su responsabilidad en el delito de extorsión cometido en agravio de una adolescente en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los actos de investigación, en septiembre de 2023 la víctima conoció al sentenciado, con quien inició una relación sentimental. Posteriormente, al concluir dicha relación, Arath N. la contactó para exigirle que continuaran juntos, bajo la amenaza de difundir contenido íntimo.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión realizó diversas diligencias que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado, por lo que el 17 de junio de 2025 se cumplió orden de aprehensión en su contra.

El 23 de julio de 2026, durante audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad judicial le impuso una pena de 1 año 8 meses de prisión, sanción pecuniaria por 9 mil 048 pesos con 22 centavos, amonestación pública y el pago de 70 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de investigar los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como de procurar justicia para las víctimas con enfoque de protección integral y perspectiva de género.

-El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó que en el estado no hay impunidad, complicidad ni omisión frente a la delincuencia.

- El gobierno actúa con estricto apego a la ley, asegura

Gabriela García Guzmán

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, informó la detención de seis exdirectores de Seguridad Pública municipal, señalados por encubrir actividades de grupos delictivos y omitir el cumplimiento de sus responsabilidades como servidores públicos.

La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, destacó que las investigaciones permitieron acreditar de manera preliminar la probable comisión de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, por lo que fueron formuladas las imputaciones correspondientes.

Entre los detenidos se encuentra Manuel N., exdirector de Seguridad Pública de Copala, arrestado el 10 de julio; Ángel N., de Chila; Edencio M., de Jopala; David N., de Chietla; Gonzalo M., de Tehuitzingo, y José Santiago N., de Chietla de la Sal, quienes fueron capturados entre el 11 y el 13 de julio.

La titular de la FGE señaló que las investigaciones derivaron de denuncias anónimas, fortalecidas con entrevistas a testigos, informes ministeriales, análisis de información y documentación proporcionada por la Fiscalía General de la República.

Además, precisó que dentro de las indagatorias se incorporó evidencia relacionada con el aseguramiento de laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas en los municipios de Chietla de la Sal y Jopala.

En otro tema, Pastor Betancourt informó la detención de Javier M. (Edil auxiliar de San Matías Atoyatenco), por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, al presuntamente ofrecer dádivas a personal de la Fiscalía durante las investigaciones por el homicidio del periodista y docente Josué M., ocurrido el 16 de julio en San Martín Texmelucan.
Asimismo, dio a conocer que un juez de control vinculó a proceso a Javier M., identificado como el presunto responsable del ataque armado en Vía Atlixcáyotl, por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Contraparte/Staff

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, durante el desarrollo de actos de investigación relacionados con el homicidio del periodista y docente Josué N., ocurrido el pasado 16 de julio de 2026 en el municipio de San Martín Texmelucan.

La detención se realizó el 18 de julio, cuando agentes de la Policía de Investigación Estatal llevaban a cabo diligencias de investigación.

La detención ocurrió cerca de una tienda de conveniencia localizada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, esto en virtud de que el masculino manifestó a los agentes de investigación que sabía que era objeto de una investigación y, presuntamente, ofreció a los elementos un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran, con la finalidad de evitar las consecuencias legales derivadas de la investigación que decía estaba desarrollada en su contra.

Los agentes rechazaron de inmediato el ofrecimiento, le informaron que dicha conducta constituía un probable hecho delictivo y procedieron a su detención por el delito de cohecho, con estricto apego a la legalidad, informándole en todo momento los derechos que le asisten como persona detenida.

Posteriormente, Javier N. fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado informa que las investigaciones por el homicidio del periodista Josué N. continúan bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo, agotando todas las líneas de investigación conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

La FGE reitera su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o cualquier conducta que pretenda interferir con las investigaciones.

Los más de 30 detenidos se asignaban plazas de más de 50 mil pesos mensuales y reclutaban a otras personas para asignarles plazas y retener la mayor parte de los salarios

Contraparte/Staff

La investigación desarrollada por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) permitió obtener sentencia condenatoria de 23 años y 9 meses de prisión contra Cesáreo Bernardo N., responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un masculino en el municipio de Huejotzingo.

De acuerdo con las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio oral, los hechos ocurrieron la noche del 9 de junio de 2019, en la comunidad de San Felipe Teotlalcingo.

La víctima arribó al lugar a bordo de una camioneta acompañado de varias personas, donde se encontraba el hoy sentenciado conviviendo con otros individuos.

Tras un intercambio verbal entre ambos grupos, Cesáreo Bernardo N. sacó un arma de fuego y realizó disparos contra quienes se encontraban frente a él.

Como consecuencia de la agresión, Isaías N. resultó herido por proyectil de arma de fuego y, aunque fue auxiliado por quienes lo acompañaban y trasladado para recibir atención médica, perdió la vida a causa de las lesiones sufridas.

Durante el procedimiento judicial, la Fiscalía aportó diversos medios de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado, logrando que la autoridad judicial emitiera una sentencia condenatoria.

Posteriormente, la resolución fue revisada por una instancia superior, misma que confirmó el fallo, por lo que la sentencia quedó firme y ejecutoriada.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de investigar los delitos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad mediante investigaciones sólidas que permitan obtener resoluciones condenatorias ante los tribunales.

Contraparte/Staff

Como resultado de un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, fueron detenidos Jairo N., Sergio N., Omar N. y Agustín N., además del aseguramiento de un  inmueble presuntamente utilizado para la distribución y comercialización de narcóticos en la colonia Ampliación Seda Monsanto, del municipio de Puebla.

La intervención derivó de labores de inteligencia de campo y gabinete desarrolladas por agentes investigadores, que incluyeron la verificación de denuncias anónimas. Las investigaciones permitieron identificar a presuntos integrantes de n grupo delictivo conocido como “Los Chayote”, relacionado con  actividades de narcomenudeo y con la venta de sustancias ilícitas principalmente a trabajadores y cargadores de la Central de Abasto de Puebla.

Con los datos de prueba recabados, la Fiscalía obtuvo una orden de cateo para intervenir un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Seda Monsanto, identificado como un punto de operación utilizado para la distribución de droga. Durante el despliegue operativo, los agentes localizaron y  aseguraron 25 bolsas con sustancia con características similares al cristal, 33 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, 13 bolsas con sustancia similar a la ocaína, 11 bolsas con sustancia similar a la heroína, una báscula gramera y 520 pesos en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, el inmueble operaba como un punto discreto de almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes, con actividad permanente y alcance en la zona de la colonia Ampliación Seda Monsanto y a Central de Abasto, donde presuntamente se  concentraba parte de su mercado de consumo.

Tras la diligencia, el inmueble quedó asegurado y los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado mantiene acciones coordinadas con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para combatir estructuras dedicadas al narcomenudeo y fortalecer las condiciones de seguridad en la entidad.