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El Imparcial

Según lo informado por Yahoo! Noticias, el pequeño poblado pesquero de San Juan de Unare, en el estado Sucre, Venezuela, se convirtió en el centro de la atención internacional tras el ataque de la Marina de Estados Unidos a una lancha rápida ocurrido el 2 de septiembre de 2025, que dejó 11 muertos.

El gobierno de Donald Trump aseguró que la embarcación transportaba drogas y era operada por miembros del Tren de Aragua, organización criminal venezolana clasificada por Washington como terrorista en enero de este año.

“Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos qué hacían y a quién representaban”, declaró el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, en Fox News.

Desde Caracas, la reacción fue inmediata. El presidente Nicolás Maduro calificó la operación como una “amenaza de invasión” y su ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, afirmó que el video del ataque era un montaje hecho con inteligencia artificial, aunque esta versión fue desmentida por verificadores y habitantes del pueblo, que confirmaron la pérdida de vidas humanas.

San Juan de Unare bajo sospecha

Aunque es conocido por su tradición pesquera y playas tranquilas, San Juan de Unare ha sido señalado desde 2018 como un punto estratégico para el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular hacia el Caribe.

La periodista de investigación Ronna Rísquez confirmó que la “narcolancha” destruida partió de este poblado, bajo control de presuntos líderes locales del Tren de Aragua, como alias “Maloni” y “Picurito”, quienes habrían muerto en el ataque.

Informes periodísticos vinculan al Tren de Aragua con el Cartel de los Soles, red asociada a funcionarios venezolanos señalados por narcotráfico, que utiliza las costas de Sucre para mover hasta dos toneladas de cocaína en lanchas rápidas hacia Trinidad y Tobago, las Antillas y EE.UU.

Luto en el pueblo

En San Juan de Unare, el ataque ha dejado un profundo impacto. A través de redes sociales, familiares y vecinos expresaron mensajes de duelo como: “Cómo te nos fuiste, mi hermano” o “Aquí vas a hacer demasiada falta”.

Mientras Washington los cataloga como narcoterroristas, muchos en el pueblo los recuerdan como víctimas de la pobreza, atrapadas entre la pesca en decadencia y el crimen organizado.

El Tren de Aragua: amenaza regional

El Tren de Aragua, surgido en la prisión de Tocorón, pasó de ser una pandilla carcelaria a una organización criminal transnacional con presencia en al menos ocho países latinoamericanos. Su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ha expandido su influencia aprovechando la crisis migratoria venezolana.

La banda ha sido vinculada en EE.UU. con delitos como robos, asesinatos y ataques a policías.

Escalada geopolítica

El incidente ha intensificado las tensiones entre Caracas y Washington. Para Maduro, el ataque es un pretexto para justificar una posible intervención militar y el control del petróleo. Para Trump, se trata de un mensaje de fuerza contra el narcotráfico y la migración irregular: “Millones de personas, incluidas las peores pandillas, están entrando a Estados Unidos desde Venezuela”, declaró.

La falta de verificación independiente sobre el cargamento de la lancha mantiene abierto el debate, en medio de acusaciones de propaganda entre ambos gobiernos.

aristeguinoticias

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar “de acuerdo con la ley estadounidense”, explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP), lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

Rubio argumentó que “es interés nacional (de EE.UU.) pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz”.

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El embajador dijo haber recibido la noticia solo unos minutos atrás y, preguntado por las consecuencias exactas de la medida, dijo: “Vamos a ver exactamente lo que eso significa y cómo esto se aplica a nuestra delegación”.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática permanente que dirige Mansour “tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU”, pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.

La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional -incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea- para hacerse cargo de la franja de Gaza una vez que termine la guerra lanzada por Israel, y en el caso de EE.UU. esa era también la postura con el gobierno de Joe Biden, pero la administración Trump ha marginado a la AP sin dejar claro cuál es su alternativa.

Este movimiento de EE.UU. sobre los visados palestinos se produce en un momento en el que la Asamblea General se iba a convertir en el gran foro de resonancia del conflicto, con países tan relevantes como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá dispuestos a aprovechar esa ocasión para reconocer el Estado palestino.

El embajador Mansour vaticinó que una decena de estados en total podrían dar ese paso de reconocimiento durante la asamblea y llevar hasta los 160 el número de países que reconocen el Estado palestino (de los 193 miembros de Naciones Unidas).

El Imparcial

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió un video en su cuenta de X (antes Twitter) el pasado jueves por la noche. El material, producido por CNN, aborda las posturas de una iglesia nacionalista cristiana asociada a las Iglesias Evangélicas Reformadas en Comunión (CREC).

En el video, varios pastores expresan opiniones controvertidas, como la eliminación del derecho al voto para las mujeres y la idea de que los hogares, y no las personas individuales, deberían ser la unidad de voto. También aparece una feligresa afirmando que se somete a su esposo. Hegseth acompañó el video con el mensaje: "Todo de Cristo para toda la vida".

Reacciones que ha generado la publicación

La publicación del secretario de Defensa acumuló más de 14 mil “me gusta” y mil compartidos en X. Las respuestas fueron polarizadas:

Algunos usuarios apoyaron las declaraciones de los pastores.

Otros mostraron preocupación por el hecho de que un alto funcionario del gobierno promueva ideas asociadas al nacionalismo cristiano.

Doug Pagitt, pastor y director de la organización evangélica progresista Vote Common Good, calificó las ideas del video como posturas mantenidas por “pequeños grupos marginales de cristianos” y consideró “muy perturbador” que Hegseth les diera difusión.

La relación de Hegseth con esta iglesia

Según declaraciones del Pentágono a The Associated Press, Hegseth es “un orgulloso miembro de una iglesia” afiliada a las CREC y “aprecia mucho muchos de los escritos y enseñanzas” de Doug Wilson, cofundador de este grupo religioso.

Esta no es la primera vez que Hegseth comparte contenido relacionado con posturas nacionalistas cristianas, lo que ha generado debate sobre la influencia de sus creencias personales en su rol público.

¿Qué implicaciones tiene este caso?

La difusión de este tipo de posturas por parte de un funcionario de alto rango del gobierno estadounidense abre discusiones sobre:

Separación entre religión y Estado: Promueve una visión religiosa en un cargo que debe mantenerse neutral.

Derechos de las mujeres: Las declaraciones sobre el voto femenino generan preocupación en grupos defensores de la igualdad de género.

Libertad de expresión vs. responsabilidad pública: Mientras algunos defienden su derecho a expresar sus creencias, otros argumentan que, como figura pública, debe ser más cuidadoso con los mensajes que comparte.

Récord (México)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un mensaje desafiante tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de incrementar a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.
En un acto transmitido desde el Palacio de Miraflores, el mandatario dijo: “Vengan por mí, cobardes”, en alusión directa a las autoridades estadounidenses que lo acusan de narcotráfico y de presuntos vínculos con organizaciones criminales.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de EE.UU. justificaron el aumento de la recompensa al considerar que Maduro es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”. Las autoridades lo han relacionado con grupos como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles.

La respuesta oficial del gobierno venezolano fue emitida por el canciller Yván Gil, quien calificó la medida como “patética” y aseguró que es “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, además de afirmar que el anuncio es “un chiste” y “una desesperada distracción de sus propias miserias”. El funcionario remarcó que “la dignidad de nuestra patria no está en venta”.

En medio de la tensión, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno no cuenta con evidencias ni investigaciones que vinculen a Maduro con el Cártel de Sinaloa, subrayando la necesidad de contar con pruebas antes de sostener acusaciones de este tipo.

El Imparcial

MOSCÚ.- Rusia aseguró este martes que ha “tomado nota” del reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un nuevo plazo para que Moscú avance hacia un alto el fuego en Ucrania. El Kremlin fue breve y cauteloso en su respuesta, pero dejó claro que la ofensiva militar en territorio ucraniano sigue su curso.

Durante una llamada con periodistas, el portavoz presidencial Dmitri Peskov se limitó a señalar:

Hemos tomado nota del comentario del presidente Trump de ayer. La operación militar especial continúa”, haciendo uso del término oficial que emplea el gobierno ruso para referirse al conflicto bélico en Ucrania.

El lunes, desde Reino Unido, Trump anunció un nuevo ultimátum: un plazo de entre 10 y 12 días para que el gobierno de Vladimir Putin dé pasos concretos hacia el fin de la guerra, iniciada hace más de tres años y medio.
De no cumplirse esta condición, Estados Unidos impondría nuevas sanciones económicas tanto a Rusia como a los países que continúen comprando sus exportaciones.

“No hay razón para esperar... Simplemente no vemos que se esté haciendo ningún progreso”, declaró Trump, quien ha mantenido unas cinco llamadas con el mandatario ruso desde que volvió a ocupar la Casa Blanca en enero. En esa misma declaración, dejó entrever un cambio en su actitud hacia el líder del Kremlin: “ya no estaba tan interesado en hablar”, señaló.

A pesar de que el pasado 14 de julio, el presidente Trump había dado un plazo de 50 días a Rusia para alcanzar avances hacia un cese de hostilidades, ahora cambió de opinión y decidió acortar ese tiempo de forma drástica. De cumplirse este nuevo ultimátum, el gobierno ruso tendría hasta mediados de agosto para evitar nuevas sanciones.

En su breve declaración del martes, Peskov agregó: “Seguimos comprometidos con un proceso de paz para resolver el conflicto en torno a Ucrania y garantizar nuestros intereses en el curso de este arreglo”, sin entrar en detalles sobre posibles medidas concretas o reacciones al endurecimiento del tono estadounidense.

Hasta el momento, el Kremlin no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las consecuencias anunciadas por Trump, y Peskov evitó comentar si habría algún contacto directo entre ambos mandatarios en los próximos días.

Altos mandos de ambos países se reunirían en julio, pero la solicitud de EE.UU. para que Japón aumente su gasto militar, generó que Tokio cancelara el encuentro.

unotv.com

En Atlanta y Florida comenzaron a reunirse los participantes de las protestas “No Kings Day” que también tienen resonancia en el mundo. En ciudades como Berlín, se sumaron a las manifestaciones que se programaron en Estados Unidos para este sábado 14 de junio como rechazo a las políticas migratorias y el “autoritarismo” del presidente Donald Trump.

Las protestas coinciden con la celebración del cumpleaños número 79 de Trump.

Se esperan manifestaciones por todo Estados Unidos. Entre las ciudades que participarán, están: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Atlanta.

unotv.com

Este miércoles avanzó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos una controvertida propuesta impulsada por legisladores republicanos para gravar con un impuesto del 5% las remesas enviadas por trabajadores migrantes, como parte de un amplio paquete de reformas fiscales promovido por el presidente Donald Trump.

La propuesta forma parte del denominado “Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley”, una prioridad para Trump, y contempla gravar todas las transferencias de dinero al extranjero hechas por personas sin estatus migratorio regular, así como por titulares de visas y residentes permanentes.

Sólo quedarían exentos los ciudadanos estadounidenses.

Aún no es ley, ¿qué sigue?

Aunque ya superó un primer trámite legislativo, el proyecto deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Representantes y luego pasar al Senado. Actualmente, los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, lo que aumenta las posibilidades de que la medida avance, aunque se prevé una fuerte oposición por parte de organizaciones migrantes, gobiernos extranjeros y activistas por los derechos humanos.

Esta medida, presentada por la Cámara de Representantes, plantea retener ese porcentaje en cada transacción. Aunque apenas entrará a discusión legislativa, ha encendido alertas por su posible impacto en millones de familias mexicanas que dependen de este ingreso.

En 2024, México recibió 64 mil 745 millones de dólares en remesas, un máximo histórico, según el Banco de México (Banxico). Pero esa cantidad podría reducirse si avanza una propuesta del Congreso de Estados Unidos, que busca cobrar un impuesto del 5% a los envíos de dinero al extranjero.

Afectación a millones de migrantes

De concretarse, la medida impactaría a más de 40 millones de personas que viven en Estados Unidos sin ciudadanía. Entre ellos, millones de mexicanos y latinoamericanos, cuyas familias dependen del envío de remesas para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación.

Trump va por más

Además del impuesto, Trump ha adelantado que prepara un memorando presidencial para restringir por completo las remesas enviadas por personas sin documentos migratorios válidos. La propuesta ha sido fuertemente criticada por organizaciones civiles, quienes advierten que podría vulnerar los derechos de las familias migrantes y tener consecuencias económicas tanto en EE.UU. como en los países receptores.

La bancada demócrata votó de forma unánime en contra de la iniciativa y ha anticipado que luchará para evitar que la propuesta se convierta en ley.

Debate

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó el pasado sábado 10 de mayo que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa, así como la de su esposo, Carlos Torres Torres, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer los motivos oficiales de esta medida.

La mandataria estatal dio a conocer la situación a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó confianza en que el asunto “se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”.

“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, escribió Ávila.

Además, defendió la trayectoria de Torres, señalando que su apoyo hacia él es “moral y político”.
“Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California. (…) Sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”.

Hasta ahora, ni la embajada ni el consulado de Estados Unidos han emitido una postura oficial sobre las razones detrás de la revocación. Tampoco se ha confirmado si esta decisión está relacionada con alguna investigación en curso.

En su comunicado, la gobernadora también subrayó que esta medida ocurre en un “contexto binacional complejo” que demanda templanza, y reiteró su compromiso con el estado:

“Gobernar mi estado es un orgullo, y lo seguiré haciendo […]. Mi gobierno seguirá trabajando incansablemente para atender los retos que enfrentamos en beneficio de las y los bajacalifornianos”.

Cabe destacar que, Carlos Torres ha estado ligado a la vida pública de Baja California desde hace años. Fue diputado local por el PAN y posteriormente expulsado del partido por apoyar la llamada “Ley Bonilla”, que buscaba extender el mandato del entonces gobernador Jaime Bonilla. También fue candidato a la alcaldía de Tijuana por el PAN durante el sexenio de Felipe Calderón, sin éxito.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció durante la conferencia matutina del lunes 12 de mayo.

“No tenemos ninguna notificación de parte del gobierno de Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar las causas”.

Sheinbaum indicó que su administración esperará una notificación oficial antes de emitir una postura o tomar cualquier medida.

No obstante, recientemente la Embajada de Estados Unidos en México emitió una breve declaración, en donde las autoridades subrayan que los registros de autorización de visas americanas son confidenciales.

“Los registros de visados son confidenciales según la legislación estadounidense; por lo tanto, no podemos hablar de los detalles de los casos individuales de visados”, expresó el vocero de la representación diplomática.

unotv.com

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, se declararon no culpables este viernes ante una Corte en Washington, D.C., donde enfrentan cargos por tráfico de drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

Ambos comparecieron ante el juez Trevor McFadden, vestidos con monos azules y con los pies encadenados. Durante la audiencia, afirmaron ser inocentes de los delitos que se les imputan.

Nueva audiencia programada para junio

El juez McFadden fijó una nueva audiencia para el 13 de junio a las 14:00 h (hora local). De ser encontrados culpables, los exlíderes de Los Zetas podrían enfrentar pena de muerte, especialmente por el cargo de crimen organizado.

Antecedentes de los hermanos Treviño Morales

Los Treviño Morales tomaron el control de Los Zetas en 2012, tras separarse del Cártel del Golfo. La organización se caracterizó por su violencia extrema y la diversificación de sus actividades delictivas, incluyendo secuestros, tráfico de personas y extorsión.

Según informes del Congreso de EE.UU., su influencia se extendió a regiones como Guatemala y varias zonas fronterizas con México.

Z-40: acusado de tráfico de drogas y homicidio

Miguel Ángel Treviño Morales, capturado en 2013 en Tamaulipas, es señalado como uno de los principales operadores del trasiego de cocaína de México a EE.UU. y responsable de múltiples delitos, incluyendo homicidio y tortura, esto según CNN.

En 2008, el Departamento de Estado de EE.UU. presentó una acusación en su contra en el Distrito de Columbia, ofreciendo 5 millones de dólares por información sobre su paradero antes de su detención.

Z-42: sucesor de su hermano en Los Zetas

Omar Treviño Morales, arrestado en 2015 en Nuevo León, asumió el liderazgo de Los Zetas tras la captura de su hermano. Es investigado por secuestros, asesinatos y narcotráfico, además de estar implicado en el tráfico de drogas hacia EE.UU.

También fue acusado en 2008 en el Distrito de Columbia, con una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.