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El analista sostuvo que agencias estadounidenses seguirán operando en territorio mexicano 'con o sin el permiso' de la presidenta Claudia Sheinbaum mientras persista la debilidad institucional.
El analista y académico Edgardo Buscaglia afirmó que, ante la expansión del crimen organizado y la fragilidad institucional en distintas regiones del país, autoridades estatales pueden considerar que el gobierno de EE.UU. les brinda mayores condiciones de protección que el propio Estado mexicano, al referirse al caso de Chihuahua y a la señalada presencia de agentes de la CIA en un operativo en la entidad.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Buscaglia sostuvo que Washington parte de la premisa de que en amplias zonas del territorio nacional “existe un estado fallido en donde gobierna la delincuencia organizada”.

A partir de ese diagnóstico, dijo, las agencias estadounidenses desarrollan operaciones directas o encubiertas en México, independientemente de autorizaciones formales del gobierno federal. Recordó que desde el año pasado había anticipado que el presidente estadounidense Donald Trump actuaría en territorio mexicano “con o sin el permiso de la presidenta Sheinbaum”.

Buscaglia explicó que la CIA no sería la única instancia involucrada en este tipo de operaciones, sino una entre diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estadounidenses con presencia internacional. “Hay 18 agencias de inteligencia federales y militares en territorio norteamericano que operan alrededor del mundo y la CIA es solamente una de ellas que opera en México”, indicó.

Al abordar lo ocurrido en Chihuahua, aseguró que la relación entre autoridades locales y organismos de EE.UU. responde a criterios de seguridad práctica. “La gobernadora de Chihuahua [María Eugenia Campos] considera con total naturalidad, por simple lógica y experiencia, que el estado norteamericano, Estados Unidos, puede protegerla más que el estado mexicano”, afirmó.
Añadió que, en un contexto marcado por asesinatos de candidatos, funcionarios y episodios de violencia política, una autoridad estatal que reciba ofrecimientos de protección tendería a responder “con mucha más efectividad y mucha más reacción que al estado mexicano”.

Así se refirió a la polémica por el operativo ocurrido en Chihuahua, donde murieron dos personas señaladas en versiones periodísticas como presuntos agentes de la CIA, así como dos funcionarios estatales. El caso detonó cuestionamientos sobre la presencia de personal estadounidense en territorio nacional y sobre el nivel de conocimiento que tuvieron autoridades mexicanas.

Buscaglia sostuvo que lo ocurrido no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia aplicada por EE.UU. en países donde considera que existen territorios bajo control criminal o con instituciones penetradas por redes ilícitas. Mencionó experiencias en Afganistán, Yemen y la frontera con Pakistán.

Relató que en esos escenarios observó a agentes estadounidenses operar de manera encubierta, incluso haciéndose pasar por integrantes de grupos locales para infiltrar organizaciones y desmantelarlas desde dentro. Según dijo, métodos similares estarían siendo utilizados ahora en México.

“Se disfrazan de policías estatales o de policías municipales, como en Afganistán se disfrazaban de talibanes o en Yemen se disfrazaban de hutíes”, señaló.

El especialista afirmó que el problema central radica en la pérdida de confianza hacia las instituciones mexicanas. Señaló que cuando no existen cuerpos confiables ni mecanismos de depuración internos, Washington evita compartir información sensible o coordinar operativos de manera abierta con autoridades mexicanas.

Contrastó esa situación con lo que, dijo, ocurría en la década de los noventa. Recordó que en ese periodo existían grupos de élite del Ejército mexicano y de la entonces PGR que colaboraban de forma estrecha con la CIA, el Departamento de Justicia y otras dependencias estadounidenses.

“Así fue como se capturaron a capos y se desmantelaron redes criminales en la década del 90”, afirmó al señalar que en ese entonces había mejores condiciones de cooperación bilateral.
“Infiltrado desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo”

A su juicio, ese modelo dejó de funcionar por el avance de la infiltración criminal en estructuras políticas y administrativas. “El estado mexicano ha sido infiltrado desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo”, expresó.

Buscaglia sostuvo que esa penetración alcanza niveles federales, estatales y municipales, lo que vuelve complejo establecer alianzas operativas estables. Señaló que los grupos criminales han perfeccionado durante años mecanismos para capturar funcionarios y obtener protección política.

En ese contexto, consideró que la respuesta del gobierno mexicano no debería limitarse a protestas diplomáticas por la violación de soberanía, sino centrarse en reconstruir capacidades institucionales y generar confianza internacional.

Propuso que la administración federal seleccione células específicas del Ejército, fuerzas de seguridad e inteligencia mexicanas para cooperar formalmente con agencias extranjeras, bajo controles permanentes y revisiones patrimoniales.

Explicó que esos grupos tendrían que ser monitoreados de manera continua por autoridades mexicanas y también por instancias de EE.UU. y Europa, con el objetivo de garantizar que no hayan sido contaminados por organizaciones criminales.

El especialista aseguró que existen bases jurídicas para ese tipo de cooperación en convenciones internacionales de Naciones Unidas contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional. En su opinión, un esquema de esa naturaleza permitiría actuar con legalidad y evitar incursiones unilaterales.

“Lo van a seguir haciendo”

No obstante, advirtió que mientras no exista una reforma institucional profunda, EE.UU. mantendrá sus operaciones. “Lo van a seguir haciendo con mayor y mayor frecuencia porque para Estados Unidos es un problema de seguridad nacional”, señaló al referirse a la situación de la frontera compartida.

También vinculó estas acciones con la coyuntura política estadounidense. Dijo que Trump busca mostrar resultados en materia fronteriza de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en un contexto de desgaste interno por otros temas internacionales y económicos.

Para Buscaglia, el control de la frontera con México forma parte de las principales cartas políticas del mandatario estadounidense, por lo que prevé una intensificación de medidas de seguridad y operaciones de inteligencia en los próximos meses.

El académico comparó el momento actual con procesos ocurridos en Colombia, Italia y Rumania, donde, dijo, hubo presión internacional para depurar sistemas políticos infiltrados por mafias y fortalecer instituciones judiciales.

En ese sentido, consideró que México enfrenta una oportunidad para emprender un “pacto político de integridad antimafia” que permita limpiar estructuras de gobierno y recuperar capacidades estatales.

Si ello no ocurre, concluyó, el escenario seguirá deteriorándose. “Ya estamos de mal en peor en la situación de peor y vamos hacia peor todavía”, advirtió.

Debate

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está cerca de que el escándalo por sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado, la alcancen. Haberse divorciado el año pasado de Carlos Torres Torres, para controlar los daños que le había causado la cancelación de sus visas para entrar a Estados Unidos, no impide que se vea envuelta en la turbulencia político-jurídica que se avecina: existe evidencia de que su exesposo recibió -por un tiempo aún no precisado- 500 mil dólares mensuales de cárteles de las drogas.

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde ha trascendido, señala únicamente a Torres Torres, pero no está cerrada. El divorcio fue un control de daños, pero no inmuniza a Ávila, que es una de las poco más de 100 políticas y políticos mexicanos a quienes la Administración Trump les ha cancelado la visa. Las de la pareja fueron suspendidas en mayo del año pasado, cuatro meses antes de que su separación legal.

Las razones por las que se les cancelaron no son públicas, pero entre los causales que pueden llevar a que el Departamento de Estado las revoque, se encuentra haberse extralimitarse en el plazo de autorización para estar en Estados Unidos, fraude, problemas de seguridad o actividad criminal. En su momento, la gobernadora aseguró que era solo un problema administrativo que estaba en vías de resolverse. Ávila tampoco dudó en respaldar a su entonces esposo, y en un mensaje en X señaló que siempre había actuado con integridad y “profundo compromiso por Baja California”.

Torres Torres era el coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno, y la justificación contra el conflicto de interés era que no tenía salario. “Mi respaldo hacia él no es solo persona, es moral y político”, agregó la gobernadora cuando hizo pública la cancelación de sus visas. De acuerdo con fuentes diplomáticas estadounidenses, el caso en contra de Torres Torres señala que el dinero que recibía regularmente era para permitir al crimen organizado operar sin problema en Baja California.

La gobernadora, se puede argumentar, realizó un divorcio estratégico y preventivo. A la pareja se le ha relacionado con propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila dice no tener. El caso contra su exesposo permitirá saber si la gobernadora dijo la verdad o mintió, de la misma manera que tendrá que explicar, llegado el caso, cómo no se dio cuenta de los nueve millones de pesos -el equivalente a 500 mil dólares a un tipo de cambio de 18 pesos por unidad- que recibía cada 15 días, como establece la investigación en Estados Unidos.

Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su nombre, sin embargo, ha sido recurrente en las reuniones de los enlaces de ambos países en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de una solicitud de licencia. No existe una investigación en México contra ella, a diferencia de su exesposo, que de acuerdo con una investigación periodística de N+ Focus transmitida a finales de enero, lo están investigando desde septiembre por presuntamente ser parte de una red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.

El trabajo periodístico reportó también una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia en junio de 2025, que señala que Torres Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, ex secretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo criminal de Los Rusos, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa. Esa carpeta de investigación imputa a cuando menos 20 políticos y empresarios por los delitos de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Torres Torres siempre ha negado cualquier señalamiento criminal. Sin embargo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, tanto él como la gobernadora, estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años por el reacomodo de cárteles en Tijuana, que impactó en el resto del estado. En términos estadísticos, la violencia en Baja California se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura, y de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad en aquel año, se realinearon los cárteles de las drogas surgiendo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las fuerzas de mayor presencia y control.

Un reporte que le mostraron al gabinete de seguridad durante una reunión en Palacio Nacional, mostraba la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, donde adjudicaban al entonces fiscal Ricardo Carpio, los problemas de la inseguridad por sus relaciones con miembros de los cárteles, entre los que sobresalía como su operador Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, que había sido uno de los lugartenientes dentro del Cártel de los Arellano Féñix. Ávila los promovió y mantuvo en el cargo hasta que fue imposible. Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas.

López Obrador nunca quiso actuar en Baja California. Incluso, cuando su amigo, el antecesor de Ávila, Jaime Bonilla, lo buscó para informarle lo que estaba pasando en Baja California, lo ignoró. Bonilla la denunció en 2022 en el Senado, donde aseguró que la violencia en esa ciudad, en Mexicali, Rosarito y Ensenada, se debía a un pacto incumplido con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La gobernadora siempre lo negó. Hace poco más de una semana, Bonilla fue sancionado por un tribunal estatal por violencia de género en contra de la gobernadora.

Sheinbaum no ha sido omisa como lo fue López Obrador. La investigación contra Torres Torres sigue caminando, y le ha enviado mensajes a Ávila para que resuelva sus problemas y ordene el estado. Primero fue con Mario Delgado, el secretario de Educación que es muy cercano a ella, para informarle que los estadounidenses estaban sugiriendo que pidiera licencia. Después con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

No obstante, Ávila permanece estática, esperando quizás que se desvanezca el caso. Pero no va a ser así. Autoridades estadounidenses informaron de manera oficiosa a México los avances contra Torres Torres, y pidieron que actúe en su contra. Hacerlo, sin embargo, significará un desafío: cómo evitar que las acusaciones no salpiquen a la gobernadora.

El Universal Online

Cuernavaca, Mor.- La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, afirmó que enviará una carta a la dirección general de Nissan en Japón para manifestar su desacuerdo con el cierre de la planta de ensamble en el municipio de Jiutepec, Morelos.

“Para nosotros, lo más importante son los trabajadores. La empresa tiene sus políticas, pero nuestro deber es proteger las fuentes de empleo. Les informé que estoy por enviar una carta al director general de Nissan en Japón, que por cierto es mexicano, para manifestar nuestra inconformidad con el traslado y ofrecer el respaldo del estado para que la planta permanezca en Morelos”, declaró la mandataria en gira de trabajos por el municipio de Totolapan.

González Saravia comunicó esta determinación luego de reunirse con una comisión especial del Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan Mexicana y sus representantes legales. En la reunión celebrada el viernes en palacio de Gobierno, la mandataria morelense confirmó el respaldo oficial ante la posible reubicación de la planta a otro estado del país.

La gobernadora González explicó que los trabajadores sostendrán una mesa oficial de trabajo con la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y aseguró que su gobierno los acompañará durante todo el proceso.

Los trabajadores, según el reporte oficial, expresaron su preocupación ante el impacto que esta decisión empresarial representa para sus familias y su futuro laboral, luego del anuncio del corporativo por cerrar su planta de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca en marzo de 2026.

Y como resultado del diálogo, se acordó mantener un canal abierto de comunicación a través de mesas de trabajo que darán seguimiento a las negociaciones en curso, tanto en el ámbito federal como con la propia compañía.

En Totolapan, la gobernadora se dio tiempo para responder a las versiones que atribuyen la salida de la empresa a condiciones de inseguridad.

“Hay mucho oportunismo político. Este no es un tema exclusivo del estado. Se trata de una decisión global de una empresa internacional que está reestructurando operaciones en varios países. En México, optaron por concentrar su producción en Aguascalientes por razones propias”, dijo.

Alejandro Armenta reforzará seguridad en zona limítrofe con Morelos

AMLO ‘baja’ a su prima Manuela Obrador Narváez de elecciones en Chiapas

Delfina Gómez rindió protesta como gobernadora del Estado de México. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el mandatario saliente, Alfredo del Mazo, la exsecretaria de Educación, originaria del municipio de Texcoco, se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad mexiquense.

El Sirenito deudor es la canción que Layda Sansores le dedicó a Ricardo Salinas Pliego; esto dice la melodía en donde llaman al empresario “bravucón” y evasor fiscal.