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Dos semanas después de la renuncia de Guadalupe Taddei, su paradero es desconocido. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral presentó la noche del viernes una denuncia penal para que la Fiscalía General de la República investigue posibles delitos cometidos en el esquema de contrataciones irregulares ventilado en medios de comunicación y observado por la Auditoría Superior de la Federación. Estas conductas podrían incluir seis tipos penales, según consejeros consultados: uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito y cohecho. Las acciones jurídicas del INE ocurrieron con evidentes retrasos, por los desacuerdos entre los diez consejeros electorales que, durante toda la semana, discutieron el contenido y alcance de la denuncia.
Taddei fue vista por última vez en público hace más de dos semanas. El miércoles 21 de octubre, cuando ofreció una conferencia de prensa en la que anunció un portal de transparencia para hacer frente a los señalamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre sus nexos con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales. Ahí admitió que algunos funcionarios del INE habían trabajado en esas empresas. El jueves 22 encabezó una ríspida sesión de Consejo General en la que PRI y Somos le pidieron que renunciara al cargo. El viernes 23, después de la difusión de videos en los que aparecen ella y uno de sus hijos con Hernández Casillas, la ASF confirmó que se investiga su gestión por conflicto de interés, colusión y triangulación de recursos. Ese día, Taddei se reunió en privado con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El sábado 24 de octubre, sus colegas la vieron por última vez, en una sesión virtual de la llamada “mesa de consejeros” y, al día siguiente, el INE emitió un comunicado anunciando que presentaría su renuncia. Algunos medios publicaron que, ese fin de semana viajó a su natal Sonora y cruzó a Arizona vía terrestre. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que “todo indica” que Taddei y los hermanos Hernández Casillas continúan en México.
Ante el riesgo de evasión, el PRI presentó una denuncia penal en esta semana, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló sus cuentas y presentó, también, denuncia ante la FGR. En el INE, desde el primer momento algunos consejeros consideraron prioritario dar vista o denunciar ante la FGR, en busca de salvar la credibilidad del instituto de cara a las elecciones de 2027, pero en los últimos días se intercambiaron y corrigieron decenas de versiones de una posible denuncia, cuya elaboración era responsabilidad de dos funcionarios nombrados recientemente por Taddei y ligados políticamente a ella: la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Anahí Silva Tosca, tabasqueña promovida por el consejero Jorge Montaño para ocupar el cargo, y el secretario ejecutivo del instituto, Roberto Félix, sonorense y colaborador de Taddei desde hace más de 10 años. Como ellos dos, el INE sigue poblado por funcionarios designados por Taddei en las direcciones y unidades de la Junta General Ejecutiva, a pesar de la renuncia obligada de 30 servidores públicos en la última semana.
Algunos consejeros propusieron dar vista a la FGR o presentar una denuncia penal desde los primeros días tras la salida de Taddei, pero otros, como Jorge Montaño y Norma Irene de la Cruz, se opusieron a ello. Las múltiples correcciones y la lentitud de la Dirección Jurídica dilataron el proceso. El consejero Arturo Castillo también propuso que se pidiera a la FGR aplicar la medida de prisión preventiva oficiosa, prevista en la Constitución para delitos de corrupción. Pero otros consejeros lo rechazaron, e incluso negaban que el INE tuviera atribuciones para acudir ante la FGR. Finalmente, el INE informó a las 10 de la noche del viernes que se presentó la denuncia, pero aclaró que esto responde “exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad”.
La noche del jueves, se aprobó un acuerdo de Consejo General que ordena a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos preparar las denuncias o vistas que correspondan, pero no se establecieron plazos. La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, dijo desde el martes pasado que “en unas horas” se daría vista a la FGR sobre los probables delitos, pero en el documento aprobado dos días después se estableció una vía mucho más lenta para actuar: “la dirección debe realizar el análisis jurídico correspondiente y, cuando se adviertan elementos que pudieran actualizar hechos constitutivos de delito o supuestos que ameriten la intervención de otras autoridades, proponga y, en su caso, prepare las denuncias o vistas que legalmente procedan”.
El acuerdo aprobado por los consejeros instruye a la Secretaría Ejecutiva que solicite formalmente a la Auditoría Superior de la Federación realizar “con carácter urgente y prioritario” la investigación que anunció el 23 de octubre pasado, pero no solo de la gestión de Taddei, sino de los últimos 10 años, en consonancia con la postura que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dictado desde la conferencia mañanera.
Entre las “medidas para restaurar la integridad institucional”, los consejeros ordenaron a todas las áreas preservar y ordenar toda la documentación y archivos susceptibles de revisión por parte de la ASF y el Órgano Interno de Control del INE. Aunque originalmente los consejeros habían anunciado la suspensión de las contrataciones y procesos de licitación, el jueves acordaron un “plan de acción crítico” para garantizar las contrataciones necesarias para no detener el proceso electoral en marcha. Cuando faltan 210 días para la jornada electoral del 6 de junio de 2027, la presidenta provisional, Blanca Cruz, ha dicho que se trabaja en dos vías: colaborar para que las autoridades investiguen a fondo las irregularidades y, al mismo tiempo, continuar con el cronograma del proceso electoral.
