Aldair Garnica

Orizaba, Veracruz | 09 de abril de 2026

Una irrupción sin orden judicial en plena madrugada detonó un caso que hoy coloca a la Fiscalía del Distrito XV con sede en Orizaba en el centro de acusaciones graves: detención ilegal, tortura, violencia sexual y presunta fabricación de pruebas.

El expediente 61/2025, junto con registros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documenta la denuncia de Maribel, detenida en febrero de 2025 en Rafael Delgado por sujetos armados que no se identificaron. Su familia fue encañonada y agredida. Posteriormente, ya en instalaciones oficiales, denunció haber sido sometida a golpes, descargas eléctricas, asfixia y violación sexual múltiple bajo custodia del Estado.

La defensa, encabezada por Jesús Urbina Montero y la activista Rebeca Gómez Maus, sostiene que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón que involucra a autoridades ministeriales. El expediente también incluye una denuncia ante instancias anticorrupción y señala irregularidades desde la detención hasta la integración del caso penal.

Uno de los puntos más críticos es la contradicción en los dictámenes médicos: mientras instancias federales certificaron lesiones compatibles con tortura, un dictamen interno de la propia Fiscalía concluyó que no existían daños. Esta discrepancia abre la posibilidad de encubrimiento institucional.

Entre los señalados aparecen Xóchitl Jazmín Straffon Santos, fiscal de distrito; Luis Enrique Méndez García, fiscal segundo; y Javier Ventura Jota, mando de la Policía Ministerial, además de otros elementos. Hasta ahora, no hay sanciones firmes ni imputaciones por tortura o violencia sexual.

A pesar de contar con un amparo federal que ordenaba proteger sus derechos, la audiencia inicial se llevó a cabo y Maribel fue enviada a prisión, donde permaneció cerca de siete meses. Su defensa denuncia desacato judicial, incomunicación y presiones para firmar documentos, además de la posible siembra de pruebas para sostener la acusación.

Actualmente, la víctima enfrenta secuelas físicas y psicológicas, sin acceso pleno a atención integral ni reparación del daño. El caso sigue abierto en diversas instancias, pero marcado por retrasos, cambios de competencia y falta de transparencia en las investigaciones.

El contexto se agrava con el caso del periodista Aldair Garnica, quien dio seguimiento puntual a la denuncia y ha reportado amenazas, vigilancia y desplazamiento forzado, evidenciando riesgos para el ejercicio periodístico en la región.

El punto de fondo es estructural: la Fiscalía investiga a la propia Fiscalía. En ese escenario, la imparcialidad se debilita y la confianza pública se fractura.

La responsabilidad también alcanza al gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle, cuya falta de posicionamiento claro ante un caso de esta magnitud profundiza la percepción de impunidad.

Lo que revela el expediente no son solo posibles abusos individuales, sino un esquema donde la ley puede ser vulnerada desde dentro: detenciones sin orden, tortura para obtener confesiones y procesos sostenidos bajo sospecha.

Sin responsables, sin resultados concluyentes y sin transparencia, el caso de Maribel deja de ser un expediente más y se convierte en una alerta pública.

Porque cuando las instituciones que deben garantizar justicia son señaladas por violarla, el problema deja de ser legal… y se convierte en una crisis de Estado.

Y en Veracruz, hoy, la pregunta ya no es qué pasó…¿quién sigue?.

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