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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, se posicionó en contra de la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para abrir un expediente o controversia para analizar si tiene facultades legales para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial mediante las impugnaciones que han presentado jueces y magistrados federales.

La mandataria aseguró que esto está “completamente fuera de norma”, ya que, según aseguró, todo lo correspondiente a su aprobación cumplió con los requisitos y procedimientos para reformar la Constitución.

Es más un golpe aguado que un golpe de estado […] no peligra la reforma al Poder Judicial, el pueblo decidió.

Sobre su opinión personal ante los planteamientos, Sheinbaum aseguró que “pretenden con esto, primero, que nosotros digamos juicio político, traición. No lo vamos a hacer, es mi opinión porque quieren demostrar que somos un gobierno autoritario, no lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México, los diputados, diputadas, senadores”.

Somos un gobierno democrático, somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo y ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación

“No vamos a caer en ninguna provocación”, añadió, al tiempo que aseguró la razón por la que no quieren la reforma es para mantener sus privilegios.

Continuó con una presentación en la que se recordaron los puntos que avalan la legalidad de la reforma, ya que “nuestra coalición tiene mayoría calificada”, tanto en Senado como Cámara de Diputados, y cuentan con respaldo constitucional.

La primera presidenta de México respaldó la asignación de plurinominales a pesar de las denuncias por parte de la oposición de que hay una sobrerrepresentación, presentando los artículos de la Ley Electoral y la Constitución que dan legitimidad a la mayoría para el oficialismo en el Congreso.

De la misma forma, afirmó que desde la campaña, el “pueblo de México”, le expresó la necesidad de reformar al Poder Judicial, esto a través de “encuestas” a mano alzada en sus mítines donde preguntaba si los asistentes consideraban necesaria dicha reforma, que permitiría la elección de jueces y magistrados por voto popular.

El jueves, por mayoría de ocho votos, los ministros coincidieron en que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) le otorga facultades al Máximo Tribunal para resolver controversias legales que afecten la autonomía del Poder Judicial de la Federación (PJF) y la independencia de sus integrantes para poder emitir resoluciones.

Sin embargo, los ministros señalaron que la admisión de la consulta para su análisis y debate todavía no equivale a tomar una decisión sobre el fondo de las impugnaciones, destacando que será hasta que se responda a la citada controversia cuando se defina si la Suprema Corte tiene la atribución jurídica de revisar una reforma constitucional en caso de que la misma sea contraria a derechos humanos reconocidos por la propia Constitución.

Hubo tres votos en contra de las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, esta última afirmando que la posibilidad de revisar la reforma judicial “es el preámbulo de un golpe de Estado constitucional de derecho” en contra de las determinaciones adoptadas por el Poder Legislativo en su calidad de Poder Constituyente Reformador.