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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que su reforma sobre las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que busca que el Gobierno administre recursos no reclamados de las pensiones, se apruebe antes del 1 de mayo.

“Yo creo que a partir de mayo, del mes próximo”, declaró este martes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Vamos a esperar a que se termine de aprobar la ley.

En caso de que la reforma se apruebe en el Senado en mayo, los empleados que sigan trabajando para dicha fecha podrán jubilarse con el 100% de su salario a partir de entonces.

El mandatario afirmó que la aprobación de la norma también tiene como fin obligar a las empresas que manejan las Afores a que entreguen los más de 34 mil millones de pesos de las cuentas inactivas.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, explicó que con la reforma, estos recursos no serán entregados a la institución que encabeza, sino que pasarán al Fondo del Bienestar, que estará a cargo del Banco de México.

Los funcionarios se refirieron a la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados, para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40 mil 000 millones de pesos que busca que el Estado garantice el pago de jubilaciones con 100 % del último sueldo.

Tras la aprobación, los legisladores de oposición anunciaron que impugnarán la reforma ante la Suprema Corte al acusar al Gobierno de un “saqueo” porque el fondo se integrará con dinero que trabajadores inactivos de más de 70 años no hayan reclamado de las Afores, el sistema privado de pensiones.

Con la nueva reforma, el presidente estimó que la pensión media crecerá a 10.000 pesos (583,4 dólares), aunque ha prometido que las personas se jubilarán con su último sueldo, topado a un máximo de 16.777 pesos (978,8 dólares), salario promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS.

El mandatario recordó que las Afores no serán el único origen del fondo, que también se integrará con lo confiscado al crimen por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepd) y las ganancias de empresas del Estado, como la aerolínea Mexicana, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).