Al presidente de México, Enrique Peña Nieto se le agota el tiempo sin que logre re-articular una estrategia que le de certidumbre y rumbo al país, en tanto la población está en desacuerdo con sus políticas económicas y grandes beneficios que da a una clase política desprestigiada.
No sólo los empresarios, sino diversos sectores sociales se oponen a los bandazos políticos que da el gobernante que pasará a la historia como uno de los peores administradores de este pujante país.
Y es que Peña Nieto ha minimizado el ruido de las calles, y ha dado la espalda a las protestas sin entender que es la sociedad la que lo llevó al poder y es la misma que, en determinado momento, puede echarlo a la calle.
Poco congruente su política de ajustón del cinturón pues mientras altos funcionarios, gobernadores, alcaldes, secretarios de Estado y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación engordan sus cuentas bancarias, la población debe hacer malabares para medio mal comer y medio mal vivir. Ya no hay dinero que alcance y lo del gasolinazo fue la estocada final que tendrá un elevado costo político para Peña Nieto y su camarilla.
De hecho con esta pésima forma de gobernar, el presidente está traspasando de facto la administración al opositor Andrés Manuel López Obrador quien se frota las manos y deja que el país se vaya al caos para presentarse en las elecciones del 2018 como el salvador.
En este escenario, la Coparmex expresó su desacuerdo con la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de un pacto que no lleva a nada y lanzó una contrapropuesta debido a que piensa que el pacto económico es inaceptable.
La cúpula empresarial exigió al gobierno federal frenar los gasolinazos y pidió a Peña Nieto modificar las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles para reducir el impacto del alza de los precios.
En esa línea los empresarios consideran que existe margen de maniobra con los recursos de excedentes del impuesto, debido a que en 2016 el IEPS por gasolina recaudó 29.3% más de lo esperado, es decir, 67,000 millones de pesos adicionales que podrían ser utilizados en la reducción de los precios.
El gobierno de Peña Nieto sigue en sus trece y no quiere dar marcha atrás al aumento pese a que crece las protestas en las calles y los agricultores se quejan de no poder mover sus maquinarias para hacer producir el campo.
Sin duda alguna el 2017 será un año difícil para los mexicanos, pero no así para la clase política que goza de buenos salarios, viáticos, gastos de representación, vales de gasolina y otros beneficios. La población está que incendia las redes sociales donde no bajan de tonto y otros calificativos al presidente de la República.
Esto apenas comienza.
OTROS TEMAS
En Chiapas, la Procuraduría Agraria expidió, en el último año, 13 mil certificados agrarios que dan certeza jurídica a los campesinos que optaron por realizar testamentos e iniciar un proceso de regularización de sus predios.
El procurador Agrario, Ezequiel Orduña Morga explicó, en reunión con miembros de la Asociación de Columnistas de Chiapas (AC), que este mecanismo no tiene costo para los beneficiarios a quienes se les protege sus derechos humanos, otorgándoles documentos que los acreditan como legítimos propietarios.
El funcionario aseguró que con ese fin se capacitará, durante el 2017, a comisariados ejidales y comuneros de 3,202 ejidos para que entren de lleno a este proceso de ordenamiento de la tierra y precisó que actualmente de ese total de comunidades 2,719 están regularizados y 483 todavía no están certificadas.
Precisó que las comunidades irregulares están en zonas controladas por bases zapatistas, en los Chimalapas y en la Selva Lacandona.
El 49 por ciento de los siete millones 236 mil 834 hectáreas que conforman el Estado de Chiapas son ejidos, un 11,07 comunidades; 1.05 colonias agrícolas y ganaderas; 5.36 por ciento terrenos nacionales; 29.09 propiedades privadas y 4.37 tipificadas en el rubro de “otros”.
En ese contexto destacó la conveniencia de que se implemente a fondo el programa gubernamental que facilita a los ejidos y comunidades a la regularización de sus tierras.
La Procuraduría Agraria, mediante este proceso de regularización, garantiza, de otro lado, que los predios destinados a un servicio público, asignado a instancias públicas sean usados efectivamente con ese propósito (parques, hospitales, escuelas, panteones, entre otros).
Esto permite que las dependencias gubernamentales y entidades del sector público lleven a cabo un inventario de su patrimonio inmobiliario.
La meta para el 2017 de la Procuraduría Agraria será realizar cerca de tres mil conciliaciones a nivel estatal, atender cinco arbitrajes, cinco servicios periciales con lo cual contribuirá con el gobierno del Estado para la paz y estabilidad en el campo de Chiapas, precisó el funcionario.