Los problemas de inseguridad y violencia en el centro del país, principalmente en la Ciudad de México, podrían empeorar ante una eventual deportación masiva de connacionales en el gobierno de Donald Trump, aseguró Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Coparmex en la capital.
En entrevista, señaló que ante la ola de robos, asaltos, secuestros, y ejecuciones en la Ciudad de México consideró urgente que las instituciones de seguridad redoblen los mecanismos de vigilancia y blinden los límites con la entidad mexiquense.
Sostuvo que como cúpula empresarial existe el compromiso de no hacer despidos masivos y en consecuencia abrir espacios laborales, con base en los incentivos que ofrezca el gobierno.
“Estamos esperando sin duda la llegada de entre 60 u 80 mil migrantes; el reto para el gobierno de la ciudad es cómo colocarlos para que no tengan la necesidad de irse una actividad inadecuada o irse delinquir en contra de la sociedad.
“A partir de algunos de los ofrecimientos que ha hecho el gobierno de la ciudad como el hacer 20 mil unidades de vivienda a partir de la nueva ley de vivienda donde la Cámara Nacional de Vivienda se ha comprometido junto con otros desarrolladores, sí podemos captar una parte importante de esos posibles trabajadores, podremos captar fácilmente unos 25 mil”, aseveró.
Consideró que entre mayor educación se imparta a niños y jóvenes mejores serán los niveles de seguridad, por lo que el seguro de desempleo también contribuye a que los índices de inseguridad disminuyan y esto será de suma importancia ante la posible llegada de connacionales deportados.
“El gobierno no es el gran empleador lo que hay que promover es una mejora regulatoria que asegure el nacimiento de empresas de manera más sencilla, más ágil, quitar la burocracia que se convierte en corrupción, para formar empleos formales y de calidad”, aseveró.
Dejó en claro que el empresariado de la capital está comprometido a mantener la plantilla de colaboradores y fomentar el empleo para aquellos que en un futuro vuelvan a la ciudad, con base en los incentivos fiscales que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno local, y otros componentes de productividad, asociados a la seguridad de las personas y las compañías.
