El cuartel ubicado en el municipio de Guachochi e inaugurado en 2013  por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda y el gobernador César Duarte Jáquez  está bajo investigación ya que siempre fue identificado por inseguro.

En 2013 el entonces gobernador César Duarte Jáquez y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, anunciaron la construcción de un cuartel militar en el municipio de Guachochi, “para fortalecer el combate al narcotráfico” en la región conocida como Triángulo Dorado, en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El 24 de diciembre de 2019 fue detenido el exsecretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, por la adquisición del predio ubicado en el municipio de Guachochi, en la Sierra Tarahumara, a un sobreprecio de 20 millones de pesos en beneficio de un particular.

El terreno fue utilizado para un cuartel de seguridad, cuya construcción es investigada por diferentes instancias, debido a diversas irregularidades.

El Ministerio Público de Chihuahua aprehendió a Raymundo Romero por la probable comisión del delito de peculado agravado y tráfico de influencias en perjuicio del erario de Chihuahua. El funcionario lleva el proceso penal bajo libertad condicional.

Cuando lo aprehendieron, la Fiscalía anunció: “Como resultado de las investigaciones efectuadas por hechos de corrupción durante la administración 2010 – 2016, se obtuvo evidencia de que el imputado, en su calidad de secretario general de Gobierno y presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compra-venta de un predio rústico ubicado en Guachochi, a un sobreprecio de 20 millones de pesos”.

Los hechos que se le imputan ocurrieron entre octubre de 2013 y finales de abril de 2014. Romero Maldonado, en conjunto con otros servidores públicos, influyó en los diversos funcionarios que conformaban el Comité para aprobar la adquisición.

De acuerdo con la Fiscalía, el presunto delito lo cometieron para que César Duarte cumpliera compromisos personales.

En 2016, la Auditoría Superior del Estado observó irregularidades en la cuenta pública sobre la adjudicación directa a una empresa para la construcción del inmueble en Guachochi.

Una de esas observaciones, titulada “Construcción de barracas en campamento temporal ‘Sedena'”, da cuenta del contrato de obra pública número 144-OP-0095/15, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un importe de 20 millones 724 mil 781 pesos, con IVA incluido.

El plazo de ejecución contemplado para la obra era del 16 de octubre de 2015 al 13 de enero de 2016. El 9 de diciembre de 2015 realizaron el acta de entrega-recepción física de la obra, establecieron que fue terminada el 6 de diciembre de 2015 y se ejercieron 20 millones 420 mil 60 pesos; quedaron pendientes de pago 10 millones 360 mil 108 pesos.

Posteriormente, en un apartado titulado “Estudio de costo-eficiencia del proyecto del cuartel militar Guachochi”, quedó registrado un contrato por adjudicación directa para la prestación de servicios profesionales de obra con número DOP-A-203/14 de fecha 11 de diciembre de 2014. El monto fue de un millón 624 mil pesos con IVA, para entregarse el 10 de enero de 2015.

En octubre de 2013, Duarte y Cienfuegos anunciaron que desde el cuartel militar que se construiría en la Tarahumara se realizarían trabajos de inteligencia y de combate al crimen organizado que controla la región. Sin embargo, la construcción fue endeble, sobre un cauce de agua, no se pudo utilizar y no justificaron casi 21 millones de pesos.

El día del anuncio informaron que el gobierno estatal donaría un predio de 20 hectáreas a la Zona Militar 42, con sede en Parral, para invertir 280 millones de pesos.

La construcción estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal, según informó el titular de esta dependencia, Eduardo Esperón González, quien ahora enfrenta otros dos procesos penales por diferentes causas.

Las autoridades anunciaron la inauguración “fast track” del cuartel y el extitular de la Sedena –ahora detenido en Estados Unidos– acudió para revisar la construcción.

El 26 de mayo de 2016, César Duarte llegó a Guachochi con autoridades militares de la región para inaugurar el cuartel con un lúcido desfile en el que participaron alrededor de 600 militares. Prometieron a los habitantes la recuperación de la paz y que ahí permanecerían los efectivos militares.

“Estamos haciendo historia con la presencia permanente de nuestro Ejército, que viene a establecer raíces, una institución que da orgullo y gloria a México, eje de las instituciones de la patria”, dijo.

Unos días antes, Cienfuegos y Duarte supervisaron la construcción junto con otras autoridades y en presencia de medios de comunicación. No hubo señalamientos sobre los detalles de las instalaciones. Cienfuegos habló del respeto a los derechos civiles y derechos humanos.

“Nosotros creemos que es un lugar estratégico para ayudar a las comunidades e inmediaciones a tener una vida normal, dar certeza a la población y que se sientan con confianza de moverse, de trabajar y de realizar sus actividades rutinarias”, dijo entonces.

El 28 de agosto de 2014, Eduardo Esperón Lara, hijo del exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas estatal, envió un mensaje (en poder de Apro) a uno de sus colaboradores al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en el que adjuntó un documento con “el catálogo de materiales para Guachochi”.

Otro colaborador que proporcionó el correo denunció en 2017 a Apro el tráfico de influencias para contratar a la empresa Ecotec, de uno de los hijos de Esperón González, en la construcción del cuartel de Guachochi.

 Con información de Proceso.