“El gobierno de Estados Unidos ha vuelto a poner la mirada sobre el caso Ayotzinapa”, explica la periodista, Anabel Hernández, tras el artículo publicado el viernes pasado por The New York Times, donde se alude al contenido del documento de 177 páginas elaborado por el visitador de la Procuraduría General de la República, César Augusto Flores.
En el libro La verdadera noche de Iguala (Grijalbo), del cual Aristegui Noticias publicó un adelanto, se narra que cuando el visitador quería entregar su dictamen a los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, se le ordenó que desistiera y a los pocos días se le forzó para que renunciara.
“La PGR pretendía mantener este documento oculto. Su contenido hace referencia exclusivamente a la investigación abierta contra Tomás Zerón y los ministerios públicos por su actuación en el río San Juan”.
En sus conclusiones preliminares sobre el caso Ayotizinapa, Chávez Flores da instrucciones para revisar la actuación de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y planea que se debe replantear a fondo la investigación en su conjunto, para conocer el paradero de los normalistas desaparecidos. Advierte también que deberán abrirse nuevas líneas de investigación que incluyan la actuación del 27 Batallón de Infantería, de las policías federal, estatal y municipal, así como sobre los choferes de los dos autobuses Estrella de Oro involucrados.
“En principio parecía algo pequeño pero conforme avanza la investigación sobre lo sucedido en río San Juan, el visitador descubre los hechos que dinamitan la verdad histórica. Se determina que desde la detención de los presuntos confesos de haber cremado a los estudiantes todo fue ilegal y por lo tanto se desbarata. La PGR no tiene un caso sobre lo sucedido con los normalistas desaparecidos. Estos muchachos que nos han dibujado como los responsables materiales no lo son; no habrá ningún juez en México ni en ninguna corte que pueda fincarles responsabilidad. Fueron detenidos de manera ilegal y torturados. Cuando fueron llevados al río San Juan fueron manipulados”, concluye Anabel Hernández, en entrevista.
Pruebas sembradas
La periodista añade que de acuerdo al documento hay una clara insinuación de que se sembraron las pruebas. “No solo se trató de llevar a un detenido de manera ilegal. Lo más delicado, es que según Tomás Zerón, gracias a Agustín García Reyes se encuentran tres bolsas de plástico con restos de los normalistas, mismos que se llevan a la Universidad de Austria y se encuentra que ahí estaban los restos de Alexander Mora. ¿Quién pudo sembrar la prueba? Sólo quien sabe lo que pasó. Si el gobierno federal tenía los restos de Alexander Mora y toda la historia del río San Juan y Cocula es falsa, tenemos que el gobierno se incrimina porque ya no tiene forma de explicar cómo tiene los huesos de Alexander Mora. Ese es el punto fino de la historia por eso el gobierno no quería que se hiciera público este documento”.
En respuesta a lo publicado por Anabel Hernández y posteriormente por The New York Times, la PGR informó que el citado documento carece de validez jurídica. En entrevista, la autora de La verdadera noche de Iguala, revira: “La PGR está cometiendo un grave error jurídico. No niega la existencia del documento, tampoco dice que es una investigación inacabada o que las conclusiones sean equivocadas. Cuando el visitador oficial se ve obligado a renunciar, tuvo que hacer un acta de entrega-recepción, documento de validez jurídica y donde el funcionario pone toda la información con que cuenta. Por supuesto tiene una existencia legal y jurídica. Independientemente de que para la PGR tenga o no validez jurídica, ¿qué hará con los funcionarios públicos a los que se les debe fincar sanciones penales o administrativas? Tiene una bomba de tiempo en sus manos”.
César Alejandro Chávez Flores
Pieza clave en la historia es César Alejandro Chávez Flores, el visitador que pone en entredicho la “verdad histórica”, del gobierno federal. “Antes de renunciar recibió severas amenazas. Su figura es clave y puede ser quien marque la diferencia. Su vida corre peligro porque es el único que sabe si el documento tiene validez jurídica. Podría existir la intención por parte del gobierno de hacerle daño. Corresponde a la sociedad mexicana proteger a este tipo de funcionarios”.
A partir del 1 de diciembre, La verdadera noche de Iguala, se incorporó a la investigación sobre el caso Ayotzinapa. En sus páginas se concluye que los normalistas secuestraron, sin saberlo, dos camiones que contenían dos millones de dólares en heroína. “La PGR podrá decir que los normalistas sabían del contenido, pero no tienen forma de demostrarlo. Yo pregunté a la organización criminal responsable de la situación y lo negaron. Claro que podría pensarse que los criminales protegen a los estudiantes, pero hay una prueba más. Los dos camiones que llevaban la heroína no fueron robados el 26 de septiembre, sino el 22, cuatro días antes. De hecho los estudiantes comienzan el secuestro de transportes el 20 de septiembre para conseguir los que necesitan para la protesta del dos de octubre. Esto es algo común y nunca pasa nada. En este caso la policía reaccionó de manera diferente. El 26 de septiembre a las 17:59 cuando los estudiantes mueven los camiones, empieza el monitoreo del gobierno federal, no estaban monitoreando a los estudiantes sino a los autobuses”.
Fricciones en el gabinete
En los últimos días, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos declaró que los militares no estudiaron para perseguir criminales. Expuso en conferencia de prensa: “Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer”.
Para Anabel Hernández, lo dicho por el militar refleja las fricciones al interior del gabinete. “A raíz del adelanto que sacó el portal Aristegui Noticias, la Secretaría de Defensa Nacional está molesta por el libro, pero todavía lo está más con el gobierno federal. Hay una disputa por quién va a pagar los platos rotos. Sienten que llevan diez años de desgaste por la guerra contra el narcotráfico, y no están dispuestos a que los dejen solos. Me parece que hay una disputa muy intensa al interior del gabinete. El artículo publicado por The New York Times vuelve a sacudir desde afuera al gobierno, y entiendo que el gobierno de Estados Unidos está regresando la mirada al tema de Ayotzinapa”.