Aunque cada vez hay más policías patrullando las calles, los mexicanos no se sienten seguros. Más bien, al revés. El 40% considera que es peligroso pedir ayuda a la policía, uno de cada dos ciudadanos ha sido extorsionado por la autoridad y el 90% cree que la corrupción policial es un fenómeno frecuente en el país.

La sensación de corrupción e impunidad ha aumentado durante los últimos cinco años según la Encuesta Nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana. El estudio, encabezado por dos entidades privadas, apunta a una causa estructural: “El número de policías por cada cien mil habitantes en nuestro país se coloca por encima de la media global y de América latina, lo que contrasta con el número de jueces por cada cien mil habitantes donde nuestro país sólo tiene la cuarta parte de la media global y la mitad de la media en América Latina”.

Las promesas de modernización y transparencia con las que Peña Nieto recuperó el poder para el PRI a finales del 2012 no han calado en la ciudadanía. Tras años en el atolladero, la reforma de la justicia penal entró por fin en vigor este verano. El objetivo es descongestionar un sistema penitenciario donde la mitad de los encarcelados permanecen a la espera de sentencia.

Los expertos han criticado la lentitud de su implementación y la falta de preparación de los actores involucrados en la cadena de justicia. El cambio de paradigma supone la instauración de juicios orales, mayor transparencia, más jueces y la inversión del principio que hasta ahora regía en el orden jurídico: el detenido debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El plan de Peña Nieto para mejorar la calidad de las labores policiales ha sido el conocido como Mando Único, la integración de las policías municipales, el eslabón más frágil ante la corrupción y el poder del narco, bajo el paraguas estatal. Dos años después de anunciarse, la medida ha encontrado la oposición de varios gobernadores y alcaldes. Estados como Veracruz o Tamaulipas continúan siendo un agujero negro de corrupción e impunidad policial.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha alertado repetidamente de las flaquezas del Estado de Derecho en México. La última, hace apenas dos meses, a través de un documento con 14 recomendaciones donde afirmaba que la impunidad es un fenómeno “imperante en el país”.

La mayoría de los mexicanos considera además que el clima de inseguridad ha empeorado. Un 75% de los encuestados confirman el deterioro, el mayor porcentaje registrado durante esta administración. Las cifras sobre homicidios del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) confirman la sensación de la ciudadanía. Mayo y junio fueron los meses más violentos desde 2012, la época dura de la guerra contra el narco. En octubre, los homicidios dieron un ligero respiro, mientras que el secuestro y la extorsión continuaron su escalada.

Por primera vez, el presidente reconoció el mes pasado que México está viviendo un “repunte” de la violencia. Fue en un foro de seguridad nacional, donde redobló su confianza en las medidas en marcha: “estamos tratando de revertir la situación con coordinación y profesionalización policial”.