Tal y como ocurrió con Veracruz, Quintana Roo o Sonora, el estado de Durango se encuentra en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posible desfalco.
Observaciones de la dependencia al anterior gobierno de la entidad reportan no solo irregularidades por más de 4 mil millones de pesos, sino también una deuda pública de más de 15 mil millones de pesos.
Entre las irregularidades detectadas entre 2011 y 2014 por la ASF, se encuentran desvíos, pagos a presuntos médicos que en realidad no lo son, amaño de licitaciones, deficiente control en la compra de medicamentos, transferencias de recursos tardías y financiamiento a eventos.
El desfalco incluso afecta a la seguridad del estado, pues en 2014 se detectaron daños y perjuicios a Hacienda Pública Federal por armamento no encontrado físicamente por la cantidad de 7 millones 498 mil pesos, a lo que se añaden los rendimientos por un millón 727 mil pesos.
Asimismo, se detectó falta de documentación comprobatoria de una compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por 5 millones 777 mil pesos.
De igual manera, la ASF también reportó irregularidades en 2013 que afectan al sector educativo, como un daño por 24 millones 744 mil pesos, así los intereses generados por el pago a trabajadores utilizando recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) y comisionados a distintas secciones sindicales.
En cuanto al sector salud, la administración del exgobernador priista Jorge Herrera Caldera pagó sin autorización 12 millones 814.7 mil pesos en bonos, así como un millón 3 mil pesos a programas no autorizados. De igual manera, se detectó falta de controles que identificaran necesidades de insumos, causando desabasto.
A las irregularidades y desvíos, por más de 500 millones de pesos, encontrados por la ASF en el sector salud, hay que sumarle que hay 15 auditorías pendientes de 2015.
Por su parte, la nueva Contraloría estatal, que califica la situación de la entidad de “preocupante detrimento patrimonial”, informó que cerca de 30 funcionarios de la administración anterior, incluido el exgobernador, se han amparado ante las irregularidades detectadas.
Rosario Castro, contralora del gobierno de Durango, dio a conocer que todo el gabinete anterior ya ha sido requerido y que deberá subsanar las irregularidades encontradas o de lo contrarió tendrá que enfrentar a la justicia.
Todo esto sin mencionar la deuda del estado de más de 15 mil millones de pesos, que correspondería a 13 mil pesos por cada habitante de la entidad.
Dicha cifra, de acuerdo con datos de la secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, representa un incremento de la deuda del estado del 224 por ciento en solo cinco años.