Son áreas completas de la administración pública federal en las que el gobierno está exigiendo renuncias del personal de confianza sin excepción, incluidos niveles operativos (los más bajos) y servidores hasta con 33 años de antigüedad. En un audio en poder de Excélsior, Alejandro Álvarez, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, solicitó la renuncia a 12 empleados, el pasado 13 de diciembre, con el argumento de que tenía instrucciones de eliminar la nómina actual antes de enero y dar esos lugares al equipo de confianza del Presidente.

La reunión en donde Alejandro Álvarez exigió las renuncias fue en las oficinas de la Presidencia, en la colonia Condesa. Ahí, trabajadores que acababan de recibir la noticia de que en sólo dos días estarían desempleados, todavía con esperanza preguntaron si cabía la posibilidad de que el nuevo gobierno cambiara de parecer.

Sin embargo, Álvarez Ramírez respondió de manera tajante a los asistentes que era imposible porque, como la Oficina de la Presidencia es “muy sensible”, prefieren trabajar exclusivamente con gente de su confianza. Además, aseguró que el nuevo gobierno tenía acordado con la administración anterior que el propio vocero del expresidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, entregaría las cartas de renuncia de toda el área de Comunicación Social antes del 30 de noviembre, algo que había incumplido.

Excélsior entrevistó a una veintena de servidores públicos de diversas dependencias, a quienes se les exigió la renuncia, de las secretarías de Gobernación y de Economía; Comisión Nacional del Agua (Conagua); del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Instituto Nacional del Emprendedor y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).

Las peticiones colectivas de renuncias comenzaron en noviembre, como sucedió con Rose Mary Espinosa, de Conagua, quien recibió la noticia de su jefe inmediato. Sin embargo, en la mayoría de los casos documentados se exigieron entre el 3 y 11 de diciembre, para hacerlas efectivas el día 15.

De acuerdo con los empleados consultados, fue el gobierno federal el que exigió a directores, subdirectores y jefes de área salientes que entregaran las renuncias de sus equipos a más tardar el 30 de noviembre.

Algunos directivos sí acataron estas órdenes, como Jaime Hugo Talancón, director general jurídico en Materia de Delitos Electorales de la Fepade. Sin embargo, la mayoría de los directivos salientes se negaron a exigir las renuncias a su personal.