Senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron una iniciativa para alargar los periodos de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que apenas fueron electos la semana pasada, lo cual viola la Constitución y pondría en duda la independencia de los juzgadores, afirma el abogado Javier Martín Reyes.
Este martes, el especialista en temas electorales promovió una iniciativa en Change.org para frenar la aprobación de la reforma en el Senado, que está en la agenda desde el jueves 20 de octubre y pendiente de votación. Se difunde en redes sociales con la etiqueta #SinCuotasNiCuates.
Los nombramientos derivan de una reforma constitucional de 2008. Un artículo transitorio estableció que en octubre de 2016 se nombrarían seis nuevos magistrados: dos estarían hasta 2019, dos hasta 2022 y dos hasta 2025.
El proceso de selección de los nuevos magistrados se realizó con las reglas previstas en 2008: El Poder Judicial propuso a los candidatos y el Senado de la República seleccionó a los ganadores con una mayoría calificada.
El pasado 20 de octubre incluso les tomaron protesta.
Ahora, la reforma impulsada por senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM plantea alargar los periodos de cuatro magistrados: los de tres a seis años y los de seis a ocho años.
¿POR QUÉ SE CONSIDERA INCONSTITUCIONAL?
El artículo 13 de la Constitución dice que las leyes deben ser generales, lo que quiere decir que no se pueden hacer reformas “con nombre y apellido” o para beneficiar a un grupo de personas (como a los nuevos magistrados).
Los senadores quieren modificar un artículo transitorio de las reformas aprobadas en 2008. Este transitorio era para guiar el nombramiento de los magistrados y dejó de operar cuando tomaron protesta, por lo cual dicho artículo “ya no existe”, en términos jurídicos.
¿POR QUÉ AFECTARÍA LA INDEPENDENCIA DEL TRIBUNAL?
Los magistrados electos participaron en un proceso con reglas bien definidas para ocupar puestos de tres, seis o nueve años.
Si se aumentan los periodos disfrutarían el cargo un tiempo para el cual no compitieron ni fueron filtrados por el Poder Judicial o el Senado.
Aumentar el periodo de manera unilateral rompe la lógica de pesos y contrapesos de la Constitución que asegura la independencia judicial (que los magistrados “no le deban nada” a los políticos).
Con una iniciativa aprobada por mayoría simple (la mitad más uno) se afectaría el nombramiento de magistrados que tienen apoyo de mayoría calificada (75% de los votos) y el proceso de aprobación entre Poder Judicial y Senado.
Con esta reforma, para Martín Reyes, se rompe el diseño de renovación escalonada, pues deja de ser proporcional la llegada de nuevos magistrados.
Martín Reyes dijo que con esta reforma los senadores reafirman la lógica de que actúan con cuotas partidistas, pues al aumentar los periodos de magistrados fortalecen la designación que le tocó a cada grupo parlamentario.
“Los partidos creen que pueden aprobar este tipo de iniciativa sin que nadie de la sociedad civil, de la academia o especialistas digan nada. Algunos senadores son buenos abogados, pero las razones que están dando para esta iniciativa son equivocadas y me sorprendería que ellos mismos se las crean”, sostuvo Javier Martín Reyes.
La reforma es impulsada por Emilio Gamboa Patrón (PRI), Fernando Herrera Ávila (PAN), Luis Miguel Barbosa (PRD), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Fernando Yunes Márquez (PAN), Ivonne Liliana Álvarez (PRI) y Angélica de la Peña (PRD) y está pendiente de votación en el Senado.