El Partido Revolucionario Institucional (PRI) consumó este martes la expulsión por capítulos de un desaparecido, la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Una decisión a medio camino entre el gesto político y el brindis al sol.
Después de 13 días sin noticias del que fuera el todopoderoso mandatario de Veracruz, el partido en el que se amamantó políticamente y al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto decidió que su comportamiento no fue ético y que dañó la imagen de la formación.
Por primera vez en su historia, el PRI expulsó a un gobernador al que todavía le quedaban cinco días en el poder pero que el 12 de octubre decidió separarse del cargo para enfrentar más de 50 denuncias en su contra. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él y la Interpol habría pedido su detención en 190 países.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo del PRI anunció su separación por “falta de probidad como militante y daño a la imagen del partido” tras de una sesión a la que fue convocado pero a la que, obviamente, no se presentó.
La expulsión de Duarte ha sido la primera decisión de calado del actual presidente del PRI, Enrique Ochoa
En realidad, y a tenor de las pruebas recogidas por la Procuraduría General de la República (PGR), Duarte más que la imagen del partido en el poder, dañó la de todo el estado de Veracruz, que afronta esta crisis política quebrado económicamente mientras siguen apareciendo evidencias de un robo sistemático de fondos públicos para la adquisición de apartamentos, ranchos y casas frente al mar en Miami, Yucatán o Valle de Bravo.
La expulsión de Duarte ha sido la primera decisión de calado del actual presidente del PRI, Enrique Ochoa, uno de los hombres de confianza de Peña Nieto para limpiar un partido con más de 80 años de vida y que se enfrenta a casos parecidos en Chihuahua con el gobernadores Javier Duarte y en Quintana Roo con Roberto Borge, ambos investigados por la justicia.
Con tan sólo tres meses en el cargo Ochoa ha recorrido el país anunciando la llegada de un nuevo PRI implacable con la corrupción. Sin embargo, su manejo de la crisis está muy lejos de la celeridad que requería el momento, del ariete ético que prometió ser y del largo historial de pruebas acumuladas en contra del gobernador.
Desde julio, el consejero político Armando Barajas pidió la expulsión de Duarte por su presunta participación en actos de corrupción. En septiembre otro priísta, Cesar Mora, interpuso con escaso éxito un recurso para que se suspendieran los derechos políticos y otros seis de sus colaboradores.
Sólo a finales de septiembre, cuando las evidencias eran imparables, el PRI decidió suspender sus derechos políticos. Un distanciamiento más propio de un afiliado que no paga puntualmente sus cuotas que de uno de los gobernadores más corruptos que ha dado un partido rico en escándalos. Pocos días después la PGR confirmó que Duarte es buscado por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Casi diez después, este martes, el PRI anuncia su expulsión aunque nadie sabe si la notificación habrá llegado hasta donde se esconde el veracruzano.
