La propuesta de seguridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, va en contra de llamados de mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de organismos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública, y apostar por la capacitación adecuada de corporaciones civiles.

Para el Examen Periódico Universal (EPU), procedimiento en el que los países de la ONU evalúan entre sí su situación de Derechos Humanos, y cuya edición más reciente ocurrió el pasado 7 de noviembre en Suiza, relatores de Naciones Unidas advirtieron al mundo que en México prevalecían los casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, a manos de instancias como el Ejército.

En esa línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, como una medida que “consolidaba un modelo de seguridad que no había dado los resultados esperados”, esto en referencia al uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado.

Estados Unidos, como parte de su intervención en el EPU, preguntó a México cuándo tendría lista a su policía civil, para reasumir su rol como encargada de la seguridad pública, y cuándo el Ejército dejaría de participar en esas funciones.

Suiza cuestionó cómo México haría compatible la Ley de Seguridad Interior con las normas o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que Reino Unido expresó su preocupación por un reporte de 2014 del relator Juan E. Méndez, en el que se señaló que la tortura es generalizada en México, en las etapas de detención e investigación, por parte de policías, pero también a manos de las fuerzas armadas.