La legislación establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la del presidente de la República y especifica que los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato y establece sanciones que van desde multas e inhabilitaciones hasta 14 años de cárcel para quienes violen sus disposiciones.

La ley también contempla que las liquidaciones al término de la relación de trabajo sólo serán en los terminas que establecen esta disposición o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.

En su artículo 9 se establece que las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Los encargados del gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta de la percepción.

La bancada del Morena en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa para enmendar las discordancias que, señaló, tiene la nueva ley, como el nombre de Distrito Federal en lugar de Ciudad de México o el concepto de salario mínimo en lugar de unidad de medida y actualización.

Los legisladores Pablo Gómez y Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, señalaron que a partir de la publicación de la norma federal, el lunes, los Congresos estatales deberán ajustar sus leyes locales para que ningún gobernador o servidor público gane más que el presidente.