NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- Una mujer, víctima de ultraje cometido por dos soldados adentro de un cuartel en esta ciudad, ya fue indemnizada por autoridades militares, aunque la PGR se ha negado a juzgar a los autores del ataque, con el argumento de que se encontraban fuera de servicio al momento de los hechos.

De acuerdo con Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), la mujer fue privada de su libertad y agredida sexualmente el 20 de septiembre del 2013 en el interior del cuartel militar Macario Zamora, por los soldados identificados como Édgar Frías y Roberto Acosta Vargas.

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Además la lesionaron y le robaron un teléfono celular, de acuerdo con la querella que interpuso la mujer.

La víctima, actualmente intenta rehacer su vida y ya recibió una indemnización, de monto no revelado, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya emitió la respectiva recomendación, aunque ella percibe que la justicia no ha llegado aún.

Después de interponer la denuncia de hechos, en 2014 la Procuraduría de Tamaulipas se declaró incompetente, al señalar que si bien los elementos se encontraban francos, la acción ocurrió en una instalación militar, por lo que corresponde a las autoridades federales investigar el caso.

Sin embargo, al revisar la averiguación previa AP/PGR/TAMPS/NL-III/374/2016, el agente primero del Ministerio Público Federal determinó el no ejercicio de la acción penal por los delitos violación, privación ilegal de la libertad, lesiones y robo, dio a conocer el activista.

Por ello, pidió que el caso fuera dejado en reserva, lo que equivale a darle carpetazo, denuncia Raymundo Ramos.

“El agente ministerial dice que el caso es del fuero común, pero independientemente de si estaban en servicio o no estas personas, la agresión ocurrió en una instalación militar, y en ese momento aplica el fuero federal”, dice.

El presidente del CDHNL no sabe qué ha ocurrido con los militares involucrados, aunque supone que se encuentran en libertad y que han sido movilizados por todo el país.

La afectada promovió ante la PGR un recurso de inconformidad el 20 de abril pasado, que actualmente se encuentra en revisión en la Subprocuraduría de Procedimientos Penales, de la misma dependencia federal.

El 7 de junio pasado, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, emitió la recomendación 29/2016, en la que pide atención médica y psicológica a la víctima, y demanda que sea implementado un protocolo de entrada y salida de vehículos en los cuarteles, con el fin de evitar que personas ajenas a la institución sean introducidas, como ocurrió en el caso de la afectada, que fue llevada al cuartel escondida en un auto.
Además, pide que sean aplicadas las sanciones correspondientes a los responsables.