El señalamiento es tan directo como grave e implica a un exalto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional: el general de división en retiro Humberto Alfonso Guillermo Aguilar. Su nombre fue revelado por un testigo en el juicio que se sigue en Alemania en torno al caso Heckler and Koch (H&K), compañía que entre 2006 y 2009 vendió armas a México, presuntamente de manera ilegal, por conducto de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Sedena, dependencia encabezada entonces por ese militar.

El general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Humberto Alfonso Guillermo Aguilar habría sido beneficiario de presuntos sobornos de la empresa alemana Heckler y Koch (H&K) para cerrar contratos de venta de armas durante el tiempo en que estuvo a su cargo la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Sedena.

Lo anterior se desprende de declaraciones hechas a la fiscalía de Stuttgart por un testigo dentro del proceso que la justicia alemana sigue por la posible exportación ilegal de fusiles de asalto G-36 y armas cortas de la mencionada firma a México entre 2006 y 2009.

De acuerdo con las declaraciones del testigo, de las que Proceso tiene copia, el general Aguilar, hoy en retiro y quien también fue oficial mayor de la Sedena, habría recibido por cada uno de los fusiles vendidos a México 25 dólares y por cada arma corta 20 dólares como sobormo.

El testigo, cuyo nombre se omite en el documento, se enteró de los sobornos por el representante de H&K en México, Markus-Joachim Ban­tle.

El testigo es un antiguo trabajador de H&K, quien fue enviado a México entre 2006 y 2008 para realizar presentaciones sobre el armamento alemán y brindar entrenamiento y asesoría en el uso de las armas a los clientes mexicanos. En 2008 dejó su empleo en H&K y pasó a la clandestinidad supuestamente por estar en contra de la forma sin escrúpulos en cómo la armadora alemana negociaba las exportaciones a regiones que, según la ley de aquel país, están vetadas porque en ellas se violan los derechos humanos. Sin embargo fungió como testigo ante la fiscalía de Stuttgart en la acusación que Jürgen Grässlin presentó en 2010.

La Sedena reconoció en 2015 que al menos 4 mil 700 de esas armas exportadas a México fueron a parar a Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, estados vetados por la ley alemana por considerarlas entidades donde se violan los derechos humanos.