La eventual cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México implicaría una pérdida estimada de 120 mil millones de dólares, “algo así como la mitad del costo del proyecto, pero sin aeropuerto”, aseveró Federico Patiño, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Esto implicaría además la pérdida de 70 mil plazas de empleo que se espera contar este año.

Durante una conferencia de prensa sobre el futuro de la nueva terminal aérea, el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, calificó de una “barbaridad” la pretensión de cancelar este proyecto en función de las consideraciones de los más importantes expertos internacionales en materia aeropuertaria. Y agregó, a pregunta expresa sobre una eventual suspensión de la obra: “El compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto es trabajar hasta el 30 de noviembre” y descartó un eventual opción alternativa, “es el plan único”.

Como secuela de los planteamientos que la semana pasada anunciara el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar el proyecto, Patiño sostuvo que el proyecto del nuevo aeropuerto no esta concebido “como un programa de gobierno sino como un programa con visión de estado que por sí mismo, según aseguró, ha involucrado la participación de mil 750 empresas, el 90 por ciento mexicanas y en la actualidad mantiene activas en el proyecto 292 empresas.

Sánchez detalló que desde su concepción hubo un compromiso gubernamental para favorecer la transparencia sobre los 321 contratos involucrados en la construcción, aunque también, a través de la página de internet se pueden revisar desde diversas perspectivas: financiera, de procedimiento o la perspectiva legal.

Subrayó que el proyecto está concebido no sólo desde la perspectiva estrictamente de operaciones aéreas sino también se pretende atender, en paralelo, los problemas de degradación ecológica de la zona que tienen una extensión de 5 mil hectáreas, una superficie similar a la de la bahía de Acapulco, con los más altos estándares de sustentabilidad ambiental.

Se trata, dijo el vocero, “del conjunto de beneficios que está detrás de esta obra, es sin duda una afirmación de la afirmación de Estado del presidente, quien resuelve necesidades con soluciones eficientes de largo plazo y no con paliativos sin perspectiva de futuro”.

A pregunta expresa sobre el origen del financiamiento de 13 mil 300 millones de dólares que tendría como costo total la obra, Patiño explicó que 6 mil millones de dólares provienen de bonos verdes, mil 600 millones de dólares de la colocación de la Fibra E la semana pasada; mil millones de dólares de un fondo revolvente proveniente del impuesto del uso del aeropuerto –actual- y dos mil 500 millones de pesos provenientes del presupuesto federal.

Señaló que se pretende reducir la presión del costo del proyecto a las finanzas públicas por lo que el porcentaje de financiamiento privado ha crecido paulatinamente hasta ubicarse en 70 por ciento.

Sin embargo, a pregunta expresa sobre las garantías que tendrán las inversiones de las pensiones de los trabajadores en la obra, Patiño señaló que efectivamente se trata de inversiones a un fondo con rendimiento no garantizado. Cuestionado sobre el origen de los recursos de los últimos mil 600 millones de dólares –equivalentes a 30 mil millones de pesos-, el director del Grupo dijo que en un 45 por ciento provienen de las afores, 54 por ciento de fondos de inversión y uno por ciento de empresas internacionales.