A una semana de haber presentado la iniciativa que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, ésta guarda su estatus de “pendiente” en el Senado de la República. De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no hay una fecha para que sea discutida y hablar con los senadores que integran dicha comisión, resulta poco posible “porque hay mucho trabajo”.
Con tantos pendientes en el Senado y con el alcance de esa iniciativa, académicos consideran que esta reforma deberá ser abordada con toda la atención de los legisladores y con tiempo, ya que de dejarse como está, significaría el sacrificio total de la seguridad del trabajador.
La iniciativa elaborada por dos senadores “obreros” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que busca reformar la Ley Federal del Trabajo, fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y guarda ahí un estatus de “PENDIENTE”.
De acuerdo con el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Julián López Olalde, hasta el momento no hay una reunión programada en dicha Comisión y tampoco hay una instrucción para que la iniciativa sea abordada de inmediato. Aseguró que no está programada y que por la cantidad de pendientes que hay en el Senado, tampoco hay condiciones para abordar la reforma a la ley, que no cuenta “ni con un borrador”.
La comisión que tiene en sus manos esta ley, que busca quitar todos los topes a la subcontratación, está integrada por un conocedor de la ley laboral actual y por militantes de organizaciones populares y de trabajadores ligados al partido tricolor: la preside Miguel Ángel Chico Herrera del PRI; Javier Lozano Alarcón del PAN y Luis Humberto Fernández Fuentes del PT son secretarios y el resto de los integrantes son Isaías González Cuevas (PRI), Armando Neyra Chávez (PRI), Adriana Dávila Fernández (PAN) y Tereso Medina Ramírez (PRI).
La ley está en manos conocidas, con integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). SinEmbargo solicitó entrevistas a cada uno para hablar del futuro de la iniciativa, pero no se obtuvo respuesta.
Aunque la ley fue presentada mientras la atención en el Senado la ocupa la Ley de Seguridad Interior, expertos en el tema y organizaciones civiles han recalcado la importancia y la seriedad del documento presentado.
Para Marcelo Delajara, Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), si la ley va encaminada a quitar los topes al outsourcing es, en definitiva, una mala noticia por lo que, debido a la extensión del documento y de las implicaciones que traería el aprobarlo tal cual está, el Senado debe dedicarle tiempo para que no pase como “una bola rápida”.
La Reforma Laboral de 2012 decretó que una empresa podía contratar sólo a una parte por outsourcing a su personal. Además, que ese personal no podía estar en la empresa en un puesto fundamental en las actividades.
De acuerdo con Delajara, eso tenía cierto sentido y se podía justificar porque ahorraba costos en las áreas en las que la empresa no se dedica, pero si ahora se puede hacer outsourcing, es una cuestión que alarma.
“Todo fue en aras de la flexibilidad y se sacrificó un poco la parte de la seguridad de los trabajadores. En esa reforma hay mucha ambigüedad en quién es el responsable de la seguridad social de los trabajadores, si la empresa dueña del outsourcing o la empresa que contrata el outsourcing. Estas ambigüedades no se han resuelto, están ahí en la ley de 2012 y es de los principales problemas que trajo ese método de contratación. Entonces lo que quieren hacer es ir por más en el tema de outsourcing y es un sacrificio total de la seguridad del trabajador”, comentó en entrevista.
Desde su perspectiva, si ahora todo el personal puede estar en una empresa de outsourcing, se camina en una dirección incorrecta.
Esta ley afectaría a más de 40 millones de mexicanos, según cifras de Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, quien también criticó el contexto en que la iniciativa fue presentada.
“Esta es una cuestión que abona a la suspicacia, que esta gente maquiavélicamente lo presente con toda intencionalidad. Los trabajadores no son un sector organizado, no hay defensores de los derechos laborales y los poco que lo hacen, quedan aislados”, comentó.
Delajara concluye que ir más allá en la flexibilización, compromete la protección social de los trabajadores y éstos quedarán en una situación muy vulnerable.
“Esta ley lo que hace es estirar más la cuerda en dirección de la flexibilidad pero a un costo grande para la seguridad de los trabajadores […] El tema debe tener una discusión larga, no puede pasar como bola rápida. Tiene que haber una discusión con una perspectiva de largo plazo; que defina dónde estábamos antes de la Reforma de 2012, dónde estamos después y con base en ese diagnóstico, ver lo que significa esta nueva ley”.
Con información de SinEmbargo
