Sólo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX, y Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, plantearon que se hagan cambios a la minuta para evitar confusiones o excesos.
Pese a las trabas que la bancada del PAN puso a la Ley en días pasados, seis gobernadores de ese partido apoyaron la aprobación de la minuta en el Senado.
Seis mandatarios panistas apoyan ley
Gobernadores de ocho entidades del país, con la representación de otros cuatro, acuden al Senado a dar un abrumador respaldo, aunque dos de ellos plantean algunos cambios a la minuta antes de que ésta sea aprobada.
Aunque 12 gobernadores mostraron un respaldo abrumador a la Ley de Seguridad Interior, porque la consideran urgente e indispensable, y garantizaron que su aplicación no los llevará a descuidar su obligación de garantizar la seguridad pública a sus habitantes, dos de ellos plantearon al Senado sendas peticiones de cambios, para evitar confusiones o excesos.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pidió modificar los artículos 11 y 16, porque “hay varios artículos en donde se rebasa lo que se puede entender por coordinación y se pasa a un esquema de subordinación del Estado mismo, de los estados, de las fuerzas estatales o municipales respecto de quien designe el Ejecutivo federal como coordinador de las tareas de seguridad”.
Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, solicitó la revisión del artículo noveno, el esclarecimiento de otros artículos y pidió al Senado que se abra nuevamente la discusión y el proceso legislativo del Mando Único Policial y se avance en varias disposiciones legales para legalizar algunos tipos de estupefacientes.
“Estimo necesario despejar cada una de sus preocupaciones (organizaciones sociales y organismos autónomos), porque estas decisiones deben de contar no solamente con la participación activa de la sociedad civil, sino con la evidencia de que sus postulados no nada más son escuchados, sino que permiten, en los hechos, modificar, rectificar y mejorar la labor de los poderes constituidos, en el caso del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo federal”, dijo Sandoval.
Durante la sesión de diálogo que el Senado abrió con los gobernadores en torno de la Ley de Seguridad Interior, el petista Luis Miguel Barbosa generó a gritos una confrontación con los gobernadores de Jalisco y Tlaxcala y confrontó a Miguel Ángel Mancera, por lo que fue necesario que Cristina Díaz, presidente de la Comisión de Gobernación, y Ana Lilia Herrera, quien preside de la Junta de Coordinación Política, lo llamaran al orden, a lo cual el legislador petista exigió que no le gritaran.
Durante la ronda de exposiciones, en la cual participaron ocho ejecutivos estatales, los panistas José Rosas Aispuro, de Durango, y Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, informaron que representan la voz de Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, y de Martín Orozco, de Aguascalientes, y ellos están por el aval absoluto a la minuta de la Cámara de Diputados.
El senador Javier Lozano expresó la óptica del gobernador de Puebla, Antonio Gali, también en favor de la minuta.
Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, expresó que es momento de tener la Ley de Seguridad Interior. “No hay consensos, eso es evidente, pero la requerimos y es inaplazable”, consideró.
Héctor Astudillo, de Guerrero, habló de los dos mil homicidios dolosos perpetrados este año en la entidad y expresó que “como gobernador de Guerrero, es procedente aprobar el dictamen”, porque la situación de atentado contra la seguridad interior del país está en riesgo de crecer.
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, contestó a Manuel Bartlett que los gobernadores no fueron cabildeados por el Presidente para respaldar esta ley y aclaró que “nosotros no estamos pidiendo que no le cambien una coma, y estamos seguros de que nos van a dar, no a los gobernadores, sino a todos los mexicanos, la mejor Ley de Seguridad Interior”.
Ignacio Peralta, de Colima, dejó en claro que la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior no implicará que los gobernadores abandonen su obligación de garantizar la seguridad pública a sus gobernados; explicó que Colima no es un estado generador, sino importador de violencia; y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, el combate a los grupos criminales sería muy difícil; desde su perspectiva, la ley ni sustituye a la autoridad civil ni militariza al país ni viola los derechos humanos.
Todos los gobernadores dejaron en claro que la entrada en vigor de esta ley no implica que ellos abandonan sus obligaciones constitucionales de procurar seguridad a la población. José Rosas Aispuro dijo que sin la ayuda de las Fuerzas Armadas, hubiera sido imposible combatir a los delincuentes en la Comarca Lagunera, y recordó que los militares piden y merecen esta ley para garantizar este trabajo en resguardo de la seguridad interna, que no seguridad pública.
Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, expresó su respaldo a la Ley de Seguridad Interior a partir del principio del fortalecimiento del Estado de derecho, lo que conlleva que es falso pensar que esta ley genera riesgos, y a partir de la necesidad de tener un mejor esquema coordinado para salvaguardar la seguridad de la población.
Alcaldes respaldan aprobación
Presidentes municipales de diversas partes del país expresaron en el Senado que es urgente aprobar la Ley de Seguridad Interior para dar un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“Es necesario que el Estado también evolucione, porque el enemigo que enfrentamos ha trascendido las regulaciones ordenarías debido a la capacidad de organización y, sobre todo, de hacerse de infraestructura y equipo, buscando constantemente superar las capacidades del Estado mexicano”, señaló Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con información de Excelsior
