La juez Pilar de Lara, azote anticorrupción de políticos, empresarios y cuerpos de seguridad en Galicia, acaba de notificar un auto con escasos precedentes contra el maltrato animal por el que dicta orden de alejamiento de dos vecinos de Lugo con respecto a su perra decomisada -a la que supuestamente arrojaron al vacío-, el hospital en el que se recupera de sus lesiones y la protectora de la ciudad. La distancia mínima a la que pueden acercarse son 500 metros. También prohíbe a los investigados aproximarse a cualquier persona que pueda asumir la custodia de la víctima, y la tenencia de animales mientras se prolongue la instrucción. El caso de presunto maltrato tuvo lugar hace una semana, cuando la cachorra de seis meses, que ha sido bautizada por los veterinarios como Katalina, se precipitó desde la ventana de un piso aún indeterminado (segundo, tercero o cuarto) de un edificio del Banco Santander habitado por okupas. El animal sufrió lesiones graves y fue operado en el hospital veterinario Rof Codina de Lugo, donde se le reconstruyeron los fémures rotos. La intervención quirúrgica tuvo lugar días después del siniestro, cuando Katalina fue reingresada por orden judicial, ya que en un primer momento sus dueños exigieron a los veterinarios su devolución y negaron la asistencia sanitaria.

De Lara, titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, que se encontraba de guardia, abrió una investigación de oficio aquellos días y ayer lunes tomó declaración como imputados a Carmelo M.M. y Eva M.M., que residen en el edificio. La pareja negó haber arrojado a la perra por la ventana, el hombre llegó a decir que quería al animal como si fuera "su hija" y entre ellos incurrieron en flagrantes contradicciones acerca de los hechos. Esta mañana, la juez ha dictado un auto demoledor en el que a lo largo de 28 folios carga contra los maltratadores de animales, defiende la importancia de los demás seres vivos para el bienestar humano, critica la pobre legislación española y afirma que la Administración va siempre a la retaguardia de los movimientos animalistas, verdaderos artífices de los avances sociales en esta materia. De Lara, que hace un exhaustivo repaso de las dispares normativas vigentes en las comunidades autónomas, considera una "gran asignatura pendiente" la inclusión del bienestar animal en la Constitución. Y clama contra los "espectáculos cruentos y festejos populares, patrocinados e incluso financiados por entes públicos" que "se toleran, amparan y protegen" bajo la defensa de "valores y conceptos sagrados como los de arte, cultura y tradición".

"Una de las más deplorables y despiadadas caras que es capaz de mostrar la violencia, y evidencia hasta dónde puede llegar la crueldad y la perversidad humana, es la que se ejerce contra los animales", defiende la magistrada. "Quien desprecia la vida hasta el punto de maltratar o abandonar a un animal, habitualmente también despliega su instinto agresivo contra una mujer, los hijos, menores, ancianos, vecinos u otros ciudadanos a los que considera inferiores", prosigue.

"El creciente rechazo al maltrato animal, que ha ido calando con fuerza en la conciencia ciudadana, no se ve respaldado por un sistema legal que resulte operativo", asegura, por eso "son muy escasas las sentencias condenatorias a pesar de la duplicación de las denuncias por maltrato animal". Según ella, ni los juristas ni los cuerpos policiales están debidamente formados y sensibilizados, y es probable que esta perra que cayó literalmente volando a los pies de una viandante no se hubiera salvado si no fuese por el clamor vecinal, las informaciones en la prensa local y unas redes sociales que, según la magistrada, "ardieron" con este caso.

"Clama al cielo que a fecha actual en determinados ámbitos se sigan cosificando y mercantilizando a los animales, negándoseles su condición de seres vivos y sintientes, lo mismo que en su momento se negaban los derechos a los esclavos y a las mujeres", sigue fundamentando su auto la instructora. "Sorprende que, a estas alturas, no se hayan fomentado políticas dirigidas a hacer efectivo el derecho al bienestar de los animales, con la concienciación social ya desde la infancia para lograr reconocer que son seres capaces de sentir placer, miedo, dolor, ansiedad o estrés". Esto, a pesar de existir, desde el mismo año que la Constitución española, una Declaración Universal de los Derechos de los Animales con la que sí concuerdan las leyes fundamentales de otros países como "Alemania, Suiza y Austria".

"Nuestra norma suprema no incluye mención alguna al bienestar" animal, recuerda Pilar de Lara, "por ello es que, en esta convulsa época de la Historia en la que con ardor se viene defendiendo una reforma constitucional, no esté de más recordar que otros sectores ponen este ímpetu reformista en la necesidad de dotar de rango constitucional la protección de los animales".

"Ante la gran asignatura pendiente de poder disponer en algún momento de la ansiada ley estatal de protección animal", concluye, "las comunidades han ido haciendo sus leyes" y hoy existe una "gran disparidad", de tal manera que "lo que está prohibido en un territorio está permitido en otro". Este "fracaso, junto con el de las políticas de prevención, reeducación y concienciación" provoca, ejemplifica la magistrada de Lugo, que se dicten "leyes que criminalizan a determinadas razas como potencialmente peligrosas, puesto que aparte de las ocho razas clasificadas por el Estado cada comunidad puede incluir las que considere".