Varias organizaciones exigieron este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) la apertura de una investigación preliminar sobre la situación en el norte de México, donde los actos de tortura, los asesinatos y los secuestros forman parte del día a día desde hace una década.
"Con la ayuda del cártel de Los Zetas, las autoridades mexicanas son culpables de crímenes contra la humanidad desde 2009", declaró durante una rueda de prensa en La Haya, Jimena Reyes, directora para América de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH).
La FIDH publicó el miércoles, con el apoyo de un centenar de asociaciones en todo el mundo, un informe de 72 páginas que se entregará el jueves al fiscal general de la CPI.
"Pedimos la apertura de una investigación preliminar, primera etapa para que el Estado mexicano reconozca que se cometen crímenes contra la humanidad en México", prosiguió Jimena Reyes. "Esto debe terminar, la situación es de tal crueldad que supera cualquier entendimiento".
El informe se centra en el estado de Coahuila, en la frontera con Texas, donde desaparecieron oficialmente mil 830 personas. Se basa en el análisis de 500 casos de "tortura, privación de libertad y desapariciones forzosas".
Tras una década de guerra provocada por el narcotráfico, el número de víctimas no para de crecer. El gobierno reconoce más de 200 mil muertos y 32 mil desaparecidos en ese periodo.
La FIDH acusa al gobierno de tener "una gran parte de responsabilidad en los crímenes cometidos" y denuncia una "colaboración de las autoridades con el grupo criminal Los Zetas, que controla el estado de Coahuila, donde ataca de forma sistemática a la población civil".
Cadáveres colgados de los puentes, decapitados, calcinados o enterrados en fosas comunes se han convertido en imágenes familiares para los mexicanos. Y hasta el ejército ha sido acusado de practicar la tortura, realizar ejecuciones sumarias o estar implicado en desapariciones.
El presidente Enrique Peña Nieto llegó al poder en diciembre de 2012 prometiendo un "México en paz", después de que su predecesor hubiera desplegado el ejército en el país. Pero la estrategia de seguridad no ha cambiado, a pesar de las críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
"Insistimos ante la CPI porque el Estado mexicano no tiene la capacidad ni la voluntad de rendir justicia a las víctimas o a los desaparecidos. Pero es urgente", declaró Ariana García, abogada de una asociación de víctimas, que vive bajo la protección constante de ocho guardaespaldas.