Aurelia Navarro Niño

La Directora General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), Josefina Morales Guerrero, admitió que la revocación del título de concesión a la empresa Agua de Puebla para Todos no es un asunto sencillo.

Sobre todo por la indemnización que se tendría que cubrir si se da paso a este proceso, lo que requeriría una revisión legal exhaustiva, la comprobación rigurosa de incumplimientos y un impacto financiero considerable para la administración.

Morales Guerrero detalló que el propio título de concesión establece los procedimientos de notificación, así como los plazos para que la empresa presente argumentos y pruebas en su defensa.

Ir a una revocación formal implicaría que el Gobierno del Estado no solo deba acreditar técnicamente las fallas en inversión y mantenimiento, estipuladas en la condición 8.3 del contrato, sino también contar con el presupuesto necesario para hacer frente a una posible indemnización.

"Para ir a la revocación del título de concesión tendríamos que tener un presupuesto para atender la indemnización que quede establecida en la revisión", puntualizó.

Aunado al costo del finiquito contractual, la funcionaria subrayó que el Estado tendría que asumir de inmediato los gastos de la operación ordinaria del sistema.

Explicó que estos recursos son indispensables para garantizar la continuidad operativa y evitar que la ciudadanía se quede sin el suministro de agua.

En ese sentido, señaló que desviar recursos públicos para el rescate de la concesión podría desatender otras necesidades más emergentes en la entidad.

Por otra parte, Morales Guerrero informó que se concluyó la evaluación del cumplimiento correspondiente al "Año 10" de la concesión, el cual se rige bajo los criterios del segundo convenio modificatorio. Con base en las desviaciones detectadas hasta el momento, se estima una sanción para la empresa de aproximadamente 2 millones de pesos.