- Señalan colisión y omisión de la alcaldesa

Fabián Gómez

Una grave denuncia interna sacude al gobierno municipal de San Pedro Cholula y coloca bajo fuerte cuestionamiento a la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz, a quien se señala por omisión, falta de control político y tolerancia a presuntas prácticas de corrupción dentro de la Dirección de Tránsito Municipal.

Elementos adscritos a dicha corporación hicieron pública una acusación colectiva en la que denuncian abusos sistemáticos, cobro de cuotas ilegales, acoso laboral y presuntos vínculos con actividades ilícitas, hechos que —afirman— se mantienen con pleno conocimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Juan Villegas Castillo, sin que exista intervención alguna del Ayuntamiento.

De acuerdo con el señalamiento, el director de Tránsito Municipal, Vicente Orlando González Cruz, presume contar con respaldo político estatal, lo que —según los denunciantes— le ha permitido ignorar quejas, denuncias internas y señalamientos públicos, asegurando que no será removido del cargo.

Los elementos acusan que dentro de la dirección hay tratos preferenciales, presunto nepotismo y relaciones personales que influyen en horarios, funciones y permanencia de personal, además de hostigamiento hacia mujeres de la corporación, sin que exista protocolo ni sanción.

Uno de los señalamientos más delicados es el presunto cobro de cuotas semanales a los agentes, con montos que —según la denuncia— variarían entre 1,500 y 4,000 pesos, dependiendo del área o cercanía con la jefatura.

Incluso, aseguran que en fechas recientes se les habría obligado a realizar cooperaciones forzosas para regalos personales del director, bajo amenaza de represalias laborales.

Asimismo, se señala a un grupo de mandos y agentes “consentidos” que, presuntamente, operan con total impunidad, pese a contar con antecedentes de denuncias por abuso de autoridad. Los denunciantes cuestionan públicamente el origen de bienes de alto valor, que —afirman— no corresponden con los salarios oficiales.

La acusación también involucra al jefe de peritos, Moisés Silva, a quien señalan de haber obtenido el cargo mediante un pago ilegal, con el supuesto aval del secretario de Seguridad Ciudadana.

Según el documento, ambos funcionarios se beneficiarían económicamente del sistema de cuotas impuesto al personal.

Uno de los puntos más alarmantes es la presunta protección al paso irregular de pipas de gas, vinculadas —según los denunciantes— con un conocido huachigasero de la región de Huejotzingo y San Martín Texmelucan. Aseguran que existe una instrucción directa de no intervenir dichas unidades, bajo amenaza de arrestos y castigos internos, y que se entregarían pagos mensuales a cambio de permitir su circulación.

Ante este panorama, los elementos de Tránsito Municipal exigen una respuesta inmediata de las autoridades municipales, estatales y de los órganos de control, así como la intervención de instancias externas, ya que —afirman— dentro del Ayuntamiento no existen condiciones para denunciar sin represalias.

La responsabilidad política recae directamente en la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz, quien hasta ahora no ha fijado postura pública, pese a la gravedad de los señalamientos. En una administración que prometió orden, legalidad y combate a la corrupción, el silencio y la inacción también son una forma de complicidad.