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Pese a que la alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, pretendió dar un manotazo en la mesa tras ventilarse una serie de denuncias por la rampante corrupción que ahí impera, en realidad solo sirvió para confirmar que el Ayuntamiento de ese lugar se encuentra sumido en una profunda crisis política, en la que solo existe una lógica: la lucha de todos contra todos.
Lo interesante es que dicha guerra interna, en la que existen al menos tres grupos visibles, ya comenzó a sacar a la luz las irregularidades y el cochinero que existe en la administración sampetrina, así como los negocios que se hacen en lo oscurito y a cargo del erario.
La gravedad se encuentra en que, antes de la pugna, todos eran aliados y compartían intereses en común. En otras palabras: Cada grupo conoce los cadáveres que sus adversarios esconden en el armario.
El primer grupo está encabezado, obviamente, por la presidenta municipal y allí confluyen:
Karol Talavera, directora de Administración.
José Alexis Domínguez Alcudia, secretario General.
Guadalupe Fernández, presidenta del DIF municipal y madre de la alcaldesa.
Johan Guzmán, tesorero.
Máximo Ortega, presidente de la Asociación de Comerciantes de San Pedro Cholula.
Presidentes auxiliares.
Un segundo bloque está constituido por:
Iván Cuautle Minutti, síndico.
Maira Toxqui Ramírez, suplente de la alcaldesa, exdirectora del DIF y directora de Turismo municipal.
Paolo Rabines Rebaza, director de Servicios Públicos.
El Sombrerero, un comerciante del mercado “Cosme del Razo”, quien es la avanzada del Círculo de Organizaciones Populares, que controla el tianguis de San Martín Texmelucan y es liderado por la familia Méndez Márquez —Jorge, Rosa y David— y Elim Garzón Badillo.
En el tercer grupo se encuentran:
Lizzet Minto García, expanista y regidora de Morena.
Francisco David Quitl Murillo, exsecretario particular de Minto y recién destituido de la dirección de Normatividad.
Ambos tienen como aliados a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.
El detonante de la crisis no es menor. Un comando armado ingresó al mercado “Cosme del Razo” el pasado 8 de julio, golpeó al administrador y personal, destruyó la oficina y sacó documentación valiosa sobre los títulos de propiedad de los locales.
La violenta irrupción surgió ante el incumplimiento de la supuesta entrega de millones de pesos a cambio de espacios en dicho centro de abasto y/o la apertura de un nuevo tianguis.
El escándalo, más allá de derivar en una profunda investigación y la separación de sus cargos de todos los señalados, dio inicio a la guerra intestina que hoy tiene sumido al Ayuntamiento de San Pedro Cholula en una crisis sin precedentes.
Iván Cuautle Minutti fue el primero en ser responsabilizado por la venta de espacios. La denuncia no corrió a cargo de sus ahora adversarios sino por parte de los propios comerciantes.
Hoy se sabe que, unos días después del incidente en el mercado, la presidenta Tonantzin Fernández solicitó a Iván Cuautle presentar su separación al cargo, pero la reunión del desencuentro quedó registrada en un audio que grabó a escondidas el síndico, cuyos extractos ya comenzaron a circular este fin de semana en redes sociales.
El síndico, a su vez, no se quedó callado y, aunque dilató una semana en responder a los señalamientos, terminó por afirmar que, en realidad, Francisco Quitl era el responsable de las promesas incumplidas hacia la “28 de Octubre”. Sus declaraciones ocurrieron justo después de que supiera que la presidenta municipal lo dejaría solo y le exigiera la separación del cargo.
Para completar el círculo, en redes sociales se extendió la responsabilidad hacia la exjefa y protectora del funcionario, la regidora Lizett Minto, además de que se filtró un video en el que aparece el exdirector junto con las mismas personas que irrumpieron en el mercado.
El escándalo del comando armado rompió la frágil relación que mantenían Iván Cuautle y Tonantzin Fernández. Eso llevó a que la alcaldesa escalara el conflicto a la Secretaría de Gobernación estatal, en donde presentó una amplia relatoría sobre los supuestos negocios que realizaba el síndico municipal con los laudos y juicios contra el Ayuntamiento a manos de particulares.
Asimismo, a través de varios columnistas y medios regionales de Cholula, se supo de la existencia de una queja presentada ante la Oficialía de Partes del gobierno del estado, en la que denunciaban al síndico municipal por solicitar un moche de 200 mil pesos a una extrabajadora del Ayuntamiento para que se operara un fallo a su favor en un laudo por despido injustificado y salarios caídos.
El dato más importante: En lo que va de la administración municipal se han erogado más de 20 millones de pesos para el pago de juicios que la Sindicatura habría perdido intencionalmente.
La pugna arreció el miércoles de la semana pasada, luego de que el síndico fuera llamado a la Secretaría de Gobernación estatal para que presentara su separación al cargo, pero rechazó la solicitud.
La rebeldía evidenció que tanto Iván Cuautle como sus aliados Maira Toxqui y Paolo Rabines vieron la oportunidad de utilizar la crisis para provocar la caída de Tonantzin Fernández y/o fomentar el encono suficiente para frenar su reelección.
En esta discusión otro dato importante saltó a la vista: La alcaldesa cholulteca pretendería ignorar el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no reelección. Sabedora de que en Morena tiene las puertas cerradas debido a que no cuenta con una buena relación en el epicentro del poder en Puebla, ahora pretendería competir bajo el cobijo del PT.
Para cumplir su objetivo, la ruta incluiría favorecer a la senadora y presidenta estatal de dicho partido, Liz Sánchez, vía el erario, sobre todo del DIF municipal, para que le abra las puertas.
En medio de la pelea a muerte al interior del Ayuntamiento, los comerciantes y locatarios del mercado tuvieron que alzar la voz para advertir que todo estaba mal. Vea usted el duro mensaje que enviaron, a través de un comunicado:
“Ese mismo día (de la irrupción del comando armado) se instaló una mesa de trabajo con la presidenta municipal, quien se comprometió a reforzar la seguridad y garantizar la integridad de quienes laboramos en el mercado. Se acordó mantener el diálogo y dar seguimiento puntual para esclarecer los hechos. No obstante, este proceso fue obstaculizado por la aparición de información contundente que apunta a posibles vínculos internos del propio Ayuntamiento en estos lamentables acontecimientos”.
“Hoy, lejos de encontrar respuestas y soluciones, observamos con preocupación una disputa política dentro del Ayuntamiento para deslindarse de responsabilidades.
“Exigimos que se investigue a fondo, que se presenten los resultados y que quienes hayan participado o encubierto estos hechos respondan ante la justicia. Igualmente exigimos certeza jurídica sobre la documentación extraviada ese día, que incluye títulos de concesión esenciales para la operación legal de nuestros espacios.
“No estamos dispuestos a tolerar más omisiones ni indiferencia. La ciudadanía está atenta, y si el Ayuntamiento no actúa con firmeza, claridad y responsabilidad, el enojo social será inminente”.
Fue ahí que los focos rojos se prendieron para Tonantzin Fernández, ya que una cosa es la pelea por el poder y una muy diferente el tener que enfrentar al poderoso sector de los comerciantes cholultecas. (Para entender esta fuerza solo basta remontarse a la administración de Miguel Blanca García \[1990-1993], quien estuvo a punto de caer de la presidencia municipal tras una serie de conflictos con ese sector y que derivó en un movimiento social de resistencia).
La noche del mismo miércoles, con la negativa del síndico a solicitar licencia y la amenaza de los comerciantes, la presidenta municipal no tuvo otra opción que mandar un mensaje de rompimiento total con sus otrora aliados, al afirmar:
“Quiero decir, no vamos a permitir corrupción de ningún integrante del Gobierno municipal de San Pedro Cholula, ni tampoco de ningún integrante de nuestro Cabildo que pretenda pactar con personas ajenas a nuestro municipio. Nuestra responsabilidad es velar por la seguridad de su familia”.
Al referirse a funcionarios, la alcaldesa metió en el mismo costal a Francisco Quitl y a los aliados del síndico, mientras que al extender la advertencia al Cabildo incluyó tanto a Iván Cuautle como a Lizett Minto.
Al día siguiente, dio cumplimiento a la advertencia al imponer sellos en la oficina del síndico y la filtración de un video que documentaba las presuntas grabaciones que realizaba a los visitantes sin su consentimiento.
El viernes, la carnicería se extendió. Rodeada por su cuerpo de regidores, incluidos los de oposición, Tonantzin Fernández anunció el despido de los servidores públicos presuntamente involucrados en permitir la irrupción de un grupo ajeno al municipio que, según versiones, sustrajo documentación relacionada con títulos de propiedad.
En la grabación no apareció Lizett Minto y uno de los funcionarios defenestrados fue Francisco Quitl. Aunque la regidora publicó un video a las pocas horas, en el que justificó que no había estado presente debido a un asunto personal y daba su respaldo a la decisión de la presidenta municipal, en realidad esa acción fue interpretada como una medida desesperada para intentar calmar las aguas.
Como era de esperarse, el pleito escaló. Iván Cuautle, por ejemplo, concedió una entrevista en la que reveló una serie de presuntos actos de corrupción —sobre todo despojo de predios— por parte de Karol Talavera, directora de Administración, los cuales investigó a raíz de varias denuncias ciudadanas.
Allí, fortaleció la narrativa tejida junto a sus aliados: el inicio de una persecución en su contra porque se había convertido en un obstáculo para la administración municipal. Lo que no dijo es que la relación comenzó a desmoronarse ante el inicio de una investigación por su comportamiento ante los laudos y juicios perdidos.
El fin de semana, la caja de Pandora fue abierta todavía más. En redes sociales aparecieron audios, capturas de conversaciones de WhatsApp y golpes bajos en redes sociales de todos contra todos.
En las redes del medio regional Rentería Informa —que hace unos días había sido involucrado en la guerra sucia que se inició en redes sociales contra la regidora Liz Minto—, se difundieron un par de imágenes de una presunta conversación entre el tesorero y Francisco Quitl, en la que el exdirector de Normatividad aseguraría que la alcaldesa lo envió directamente a negociar con Rita Amador, pareja del líder de la organización “28 de Octubre”, Rubén Sarabia, alias *Simitrio*.
De igual forma, desde el 17 de julio, en esa misma página de Facebook comenzaron a difundirse extractos de la grabación que el síndico habría realizado sin permiso cuando se reunió con Tonantzin Fernández, aquella vez en que le pidió solicitar licencia por primera ocasión.
Otro de los damnificados fue Máximo Ortega, dirigente de la Asociación de Comerciantes de San Pedro Cholula y aliado de la alcaldesa, a quien señalaron de cobrar cifras exorbitantes por los espacios en un evento que tendrá lugar del 25 de julio al 12 de agosto en ese municipio.
Para demostrar que había algo turbio, los responsables de la filtración acompañaron la denuncia con un audio de WhatsApp de un presunto operador de Ortega.
Conforme las horas pasaron, más y más información fue apareciendo.
Todos contra todos.
La guerra seguirá hasta que caiga el más débil.
Así que prepárese para seguir leyendo más porquerías de San Pedro Cholula.
(Tip: Si quiere saber quién es el emisario de los mensajes que irán apareciendo, solo vea qué funcionarios o políticos cholultecas no aparecen en el golpeteo y ahí tendrá la respuesta).
