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Este conflicto incluye estallido de versiones encontradas, acusaciones de corrupción, comunicados cruzados y una crisis de legitimidad que alcanzó al corazón del Ayuntamiento

Lo que comenzó como un violento ataque el pasado 8 de julio en el mercado municipal “Cosme del Razo”, cuando un grupo armado ingresó al inmueble y presuntamente sustrajo documentos relacionados con títulos de propiedad, se convirtió en una auténtica tormenta política que ya sacudió los cimientos del gobierno que encabeza la morenista Tonantzin Fernández.

En el centro del escándalo se encuentran el Síndico municipal, Iván Cuautle Minutti, y el ya cesado exdirector de Normatividad, Francisco Quitl, ambos cercanos a la presidenta municipal y señalados por su presunta omisión ante el ingreso del grupo ajeno al municipio, así como el cobro de moches.

Sin embargo, el conflicto escaló a tal grado que los hechos en el mercado desataron una guerra intestina en el Ayuntamiento en el que se formaron tres frentes: el grupo de la alcaldesa y sus secretarios alfiles; otro bloque conformado por Iván Cuautle y el Círculo de Organizaciones Populares; así como el grupo del defenestrado exdirector de Normatividad y la regidora Lizzet Minto.

Lo que siguió fue un estallido de versiones encontradas, acusaciones de corrupción, comunicados cruzados y una crisis de legitimidad que alcanzó al corazón del Ayuntamiento.

El jueves por la noche, la alcaldesa trató de tomar la iniciativa y declaró que no permitiría actos de corrupción ni entre funcionarios ni regidores. Horas antes, había sostenido una reunión en la Secretaría de Gobernación estatal en la que se le habría pedido al Síndico separarse del cargo.

Cuautle Minutti se negó, pero ese mismo día, comerciantes del mercado emitieron un duro comunicado en el que acusaron a todo el aparato municipal de evadir responsabilidades por los hechos violentos, señalando una cadena de negligencias que permitió la operación del comando.

El hartazgo de los comerciantes llegó a tal grado que convocaron a una manifestación pacífica para este lunes 21 de julio a las 9:00 horas partiendo del mercado a la Presidencia municipal.

En el escrito señalaron tajantemente que la administración municipal enfocó sus baterías en los conflictos al interior del Ayuntamiento entre la presidenta y sus secretarios, en lugar de resolver su principal demanda: tener certeza sobre los títulos de propiedad de sus negocios tras el robo que sufrieron el pasado 8 de julio.

“Desafortunadamente, la atención mediática se ha centrado en los conflictos internos de los miembros del Ayuntamiento y del Cabildo, dejando en estado de indefensión a los comerciantes. Han transcurrido 11 días después del ataque a nuestro centro de trabajo y no existen medidas claras por parte de la autoridad correspondiente”, denunciaron.

Una medida desesperada

Fue hasta que la amenaza de una movilización llegó a las oficinas del Ayuntamiento, que las autoridades municipales decidieron convocar de última hora y por la noche de este domingo a una reunión en el Complejo Cultural del municipio.

Allí, para evitar una desestabilización mayor, pidieron a los locatarios acudir con recibos de pago o comprobantes similares y horas más tarde, Tonantzin Fernández compartió en sus redes sociales que entre los acuerdos pactados se encuentra reforzar la seguridad con vigilancia permanente, que no tolerarían ningún acto de corrupción y que sus espacios estarían seguros, pese al robo de sus documentos.

Además, la información se complementó con un comunicado, en el que descartaron la toma de posesión del mercado por parte de grupos externos, que se reforzó la seguridad con dos patrullas permanentes, así como que el Gobierno del estado y Fiscalía se encuentran en proceso de revisión de cámaras de vigilancia para ubicar a todos los responsables del ataque al mercado.

“Durante el diálogo, las y los comerciantes expresaron sus inquietudes, mismas que fueron atendidas directamente por la presidenta municipal, acompañada por regidoras y regidores del Cabildo, quienes refrendaron su compromiso con la tranquilidad del mercado y el desarrollo normal de las actividades comerciales”, señaló el comunicado.

El Ayuntamiento afirmó que se les brindaría certeza jurídica y que no se politizaría el tema. Aunque el daño ya estaba hecho.

Desde el viernes, la Contraloría municipal colocó sellos de resguardo en las oficinas del Síndico como parte de una investigación por posibles actos de corrupción.

Y aunque oficialmente no se ha detallado la causa, fuentes extraoficiales apuntan que se le investiga por la pérdida dolosa de juicios legales contra el Ayuntamiento, presuntamente a cambio de sobornos, que habrían costado al erario cerca de 20 millones de pesos.

Cuautle Minutti fue sorprendido en su oficina durante el operativo y no tuvo oportunidad de retirar documentación, mientras que, tras la revisión, cuatro de sus colaboradores fueron también despedidos.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, la presidenta municipal anunció el cese de varios funcionarios sin dar nombres. Sin embargo, se confirmó la salida de Francisco Quitl de la Dirección de Normatividad, junto a seis elementos más.

«Es importante informar a las y los ciudadanos de San Pedro Cholula que pueden tener la total certeza que se han tomado todas las acciones contundentes en torno a estos hechos, claro ejemplo es que personajes que presuntamente se encontraban involucrados ya han sido dados de baja de este Ayuntamiento”, señaló la alcaldesa.

Aunque el discurso oficial fue firme, en redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban que Quitl no fue despedido, sino que presentó su renuncia para no ser involucrado en el escándalo.

Y así lo confirmó más tarde en un video, en el que el exfuncionario aseguró que también presentaría denuncias por las acusaciones que dijo, fueron infundadas en su contra y motivadas desde Presidencia.

La narrativa institucional también se vio afectada por la ausencia de algunos regidores en el mensaje del viernes. Una de ellas, la expanista Liz Minto, publicó el sábado un video en el que expresó su respaldo a la presidenta, pero aclaró que no había estado presente en el pronunciamiento oficial “por motivos personales”.

“Desde el Cabildo pasado fui la primera en alzar la voz y solicitar de manera directa la separación del cargo del Síndico municipal. Mi postura ha sido consistente y firme en este tema, siempre velando por el buen funcionamiento de nuestra administración y por la confianza de las y los ciudadanos hacia sus representantes”, afirmó.

La regidora, además reconoció haber sido colaboradora del exdirector de Normatividad, aunque aseguró que desde el inicio de la administración de Tonantzin Fernández no tuvo mayor relación con él, con lo cual se deslindó de presuntas colusiones, como dijo, afirmaron algunos medios de comunicación.

Mientras tanto, Cuautle Minutti rompió el silencio y denunció que el Cabildo en el que se pretendía formalizar su separación del cargo era ilegal: “No fui legalmente convocado. Quieren realizar un Cabildo ilegal, violando el artículo 11 del Reglamento Interno”, publicó en sus redes sociales.

A la par, fueron difundidas imágenes que revelaron que el síndico presuntamente grababa en secreto a ciudadanos dentro de sus oficinas, situación que escaló al punto que el director de la Policía municipal acudió personalmente a pedirle que se retirara del edificio mientras se realizaban diligencias sobre su trabajo.

Filtran conversaciones

El municipio de San Pedro Cholula se sumergió, en los últimos días, en una tormenta política no vista antes en la administración, luego de que filtraciones de audios comprometedores, acusaciones de corrupción y una presunta red de extorsión pusieron bajo la lupa al Síndico municipal y a diversos funcionarios públicos.

Uno de los elementos que encendió las alertas fue la filtración de un audio en el que el propio Iván Cuautli grabó una conversación con la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, en el momento que le pidió separarse del cargo. En el fragmento se escucha a la alcaldesa presionar:

“¿Cuál es la acción que tú nos vas a dar para decir cómo yo después te voy a poner a apoyar? ¿Cómo te voy a ayudar si al final lo que estamos solicitando no se realiza?”.

A esto se suma otro clip difundido por el medio “Renteria Informa Recargada”, donde Tonantzin confronta al Síndico, molesta y le exige que suba a la oficina mientras él pregunta irónicamente: “¿Me vas a jalonear ahora?”.

Por otro lado, en chats atribuidos a funcionarios cercanos al área de Normatividad, se exhiben intercambios entre Francisco Quitl y Johan Guzman, tesorero de San Pedro Cholula, éste último quien expresa su temor sobre la información que daría la alcaldesa en una conferencia de prensa reciente, además de que señalan que, tras el reciente escándalo por los hechos en el mercado «Cosme del Razo», sostendrían una reunión con Rita Amador, una de las lideresas de la organización «28 de Octubre» y cercana a Tonantzin Fernández.

Johan Guzmán (Tesorero): ¿Viste que va a dar una rueda de prensa?

Francisco Quitl (exdirector de Normatividad): Patadas de ahogado

JG: Oye y si dice mamadas

FQ: Wey, todo está bien cuadrado

JG: Mames si me da culito

FQ: ¿Tú crees que la jefa es tonta? Ella sabe bien lo que se está haciendo. Además, está respaldada, tranqui.

JG: Pues haber. Yo la neta ya ando buscando depa en otro lado por si cae el bibi jajaja (sic)

A esto se suman otros indicios sobre la corrupción en el negocio de espacios en el municipio cholulteca, luego de que la página “Esto es Cholula” filtró un audio en el que incriminan a Max Ortega, líder de la Agrupación de Comerciantes y Prestadores de Servicios, por presuntamente imponer cobros excesivos en la próxima vendimia que se desarrollaría del 25 de julio al 12 de agosto en el municipio.

De acuerdo con los denunciantes, los espacios que normalmente se rentan por 2 mil 600 pesos eran ofrecidos hasta en 9 mil pesos, según se escucha en un audio difundido en redes sociales.

Según los testimonios, Ortega estaría operando a través de un intermediario identificado como Miguel Calderón, quien funge como presunto prestanombres para encubrir los abusos económicos.

En el mismo video, se acusa al líder de enriquecerse a costa del comercio popular, todo mientras se sospecha de un posible encubrimiento por parte del Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Cabe recordar que Max Ortega fue detenido en el pasado por elementos de la policía municipal durante la gestión de Paola Angón. Más tarde, durante las campañas electorales de 2024, hizo pública su adhesión al proyecto político de Tonantzin Fernández, entonces candidata de Morena a la alcaldía.

Síndico sale al quite

Luego de que se realizaron los primeros despidos, en un intento por salir del paso de las acusaciones, el síndico municipal denunció públicamente que personal de distintas áreas del Ayuntamiento ingresó a las oficinas de la Sindicatura sin su autorización, acción que calificó como “delictuosa” y “una atrocidad”, sin considerar que se trató de una intervención legítima en un inmueble público y bajo facultades administrativas.

En una entrevista concedida al medio El Ciudadano, Cuautle Minutti afirmó que las personas involucradas, entre ellas personal de Recursos Humanos, Bienes Patrimoniales, Contraloría y Sistemas “irrumpieron” en su oficina, cortaron la luz, bloquearon las puertas y despidieron al personal adscrito a la Sindicatura.

Aunque adelantó que interpondrá denuncias, no presentó pruebas sobre la existencia de un allanamiento o saqueo y tampoco mencionó que la oficina no le pertenece a título personal, sino que es parte del patrimonio público.

“Ayer tuvieron el atrevimiento delictuoso de meterse a una oficina pública sin autorización del titular de dicha oficina, entonces yo quiero compartirles que además estarán ejerciendo las acciones legales contra cada una de esas personas o servidores públicos que en su desconocimiento de la ley que no les exime del cumplimiento”, justificó.

De paso, aseguró que ya tenía en la lupa presuntos delitos cometidos desde la Dirección de Normatividad por la entrega de licencias de funcionamiento sin firmas. Lo que no dijo es el porqué, pese a tener conocimiento de actos irregulares, no se tomaron cartas en el asunto, y dejó toda la responsabilidad al Ministerio Público.

“Yo lo único que pude hacer es trasladar esta información y quien tipifica esta conducta es el Ministerio Público y en su momento el juez. Únicamente mi labor como Síndico es advertir que existe una posible conducta”, dijo.

Iván Cuautle fue más allá, al asegurar que la solicitud de renunciar al cargo por parte de la alcaldesa podría deberse a investigaciones que llevaba a cabo desde la Sindicatura por presuntos despojos de predios de la secretaria de Administración municipal, Karol Talavera.

“Sí he podido ver que existe esta red de un negocio, en distintas áreas del Ayuntamiento hemos visto irregularidades, desde el hecho de la opacidad en los estados financieros. Lo que yo advierto es que estorbo para este fin, que la ética profesional con la que se me crió a mi persona, no cabe en esta administración, hay hasta lo que se puede catalogar como extorsiones para dimitir del cargo”, dijo.

El Síndico municipal también acusó que no fue convocado a la sesión de Cabildo celebrada el pasado viernes, lo cual afirmó que constituía una violación a sus derechos como integrante del Ayuntamiento.

Sin embargo, las recientes intervenciones se dieron conforme a los procedimientos institucionales y que fueron motivadas por reportes de posibles malos manejos administrativos dentro de la Sindicatura que están siendo documentados por las áreas de control interno.

Exigen cuentas

Este domingo, además, regidores del Ayuntamiento de San Pedro Cholula anunciaron que exigirán al Síndico que rinda un informe detallado sobre las acciones legales emprendidas, o en su caso omitidas, luego del incidente ocurrido el pasado 8 de julio en el mercado “Cosme del Razo”.

Durante una próxima sesión del Cabildo, se presentará un punto de acuerdo para que la sindicatura explique si se presentó alguna denuncia formal, si se notificó a la Fiscalía o si existe una carpeta de investigación en curso respecto a lo sucedido, hecho que, según versiones, habría sido ejecutado por personas vinculadas a la organización 28 de Octubre.

La iniciativa se origina ante la opacidad que ha prevalecido desde el incidente. Hasta el momento, el cuerpo edilicio asegura no haber recibido información oficial sobre el seguimiento jurídico del caso, por lo que solicitarán claridad y transparencia al área legal del municipio respecto a un hecho que compromete archivos del gobierno municipal.

Las denuncias

La irrupción en el mercado municipal Cosme del Razo donde Iván Cuautle habría facilitado el ingreso de un grupo de choque para que la organización «UPVA 28 de Octubre» se apropiara de espacios comerciales son apenas la punta del iceberg de una serie de denuncias en su contra.

Entre los principales señalamientos se encuentran actos de corrupción ligados al cobro de moches a cambio de dejar perder juicios laborales, la supuesta venta irregular de espacios públicos y vínculos con grupos que han operado de manera violenta en el municipio, hechos que detonaron una investigación interna que derivó en la toma de su oficina por parte de la Contraloría municipal.

La intervención, ocurrida el jueves pasado, consistió en el desalojo del personal de la Sindicatura y el sellado de la oficina para resguardar documentación.

Las acusaciones más graves señalan que el síndico habría solicitado hasta 200 mil pesos a una exempleada para agilizar el pago de un laudo, en contubernio con personal del Tribunal.

La administración encabezada por Tonantzin Fernández desembolsó más de 20 millones de pesos por juicios perdidos en menos de un año, lo cual alimenta la sospecha de omisiones deliberadas por parte de la Sindicatura.

A la par, medios locales revelaron que Cuautle instaló cámaras en su oficina para grabar a ciudadanos sin consentimiento, lo que podría costarle hasta 12 años de prisión y fue señalado por comerciantes, especialmente tras el ataque en el mercado «Cosme del Razo», donde un grupo armado exigía el cumplimiento de acuerdos económicos presuntamente pactados con él.

El hecho derivó en la detención de nueve personas. Desde entonces, comerciantes y organizaciones sociales han exigido una investigación a fondo, ante la sospecha de complicidades internas en el Ayuntamiento para permitir la operación de grupos irregulares.

Otras acusaciones apuntan a que el funcionario presuntamente operaba una red para apropiarse de predios de personas vulnerables, ofrecía ilegalmente baños públicos y filtraba información para posibles invasiones.