La diputada presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso del Estado de Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, confirmó la exoneración de 36 presidentes municipales de presuntas irregularidades en sus cuentas públicas por prescripción de la acción jurídica.
Sin embargo, a otros 36 ex ediles sé se les abrirán procedimientos, entre ellos José Juan Espinosa Torres, ex presidente municipal de San Pedro Cholula, aunque tendrán tiempo todavía de solventarlas.
Detalló que las cuentas públicas de estos ex ediles corresponden a los ejercicios fiscales entre 2010 y 2015 por lo que el retraso en su fiscalización provocó que se desechara el Inicio de Procedimiento de Determinación de Responsabilidades (IPADR).
Romero Garci-Crespo señaló que ahora será responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) emprender algún tipo de acción legal si el daño patrimonial se confirma en una última fiscalización.
En el caso de otros 36 ex presidentes municipales se aprobó el IPADR por diversas observaciones realizadas a sus cuentas públicas, aunque tendrán un periodo para solventarlas y evitar alguna sanción administrativa o de carácter penal.
“Ahorita recordemos que todavía están dentro de un proceso, o sea, todavía puede haber subsanaciones por parte de los entes fiscalizados. Es todavía ya como su última oportunidad podríamos decir mal dicho en términos técnicos, pero vamos a decirlo así”, dijo la legisladora.
Cabe mencionar que estos sujetos obligados con IPADR, 29 son ex presidentes municipales y 7 directores de organismos desconcentrados, uno de los ediles que se encuentra en esta lista es José Juan Espinosa Torres señalado por un posible daño patrimonial por 18 millones 749 mil 205 pesos generado durante su gestión en San Pedro Cholula.
Otro es el ex edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde quien fue detenido en julio de 2017 por el presunto delito de robo de combustibles y tiene observaciones en su cuenta pública por 488 mil 065 pesos.
También se encuentra el ex alcalde de Atzizintla, José Isaías Velázquez, quien fue asegurado como parte de la banda de “Los Bucanans” presuntos responsables del homicidio de tres agentes ministeriales.
