En conferencia de prensa explicaron que además de ser víctimas de la delincuencia que por lo menos una vez a la semana se roban un camión con todo y mercancía. Es notoria la complicidad entre el grupo familiar Bolaños y la autoridad. “cobran entre 50 y 70 mil pesos por arrastre, aunque sean sólo dos kilómetros y otros 150 mil por derecho de piso. A veces nuestros camiones tienen un valor de 120 mil pesos, más los gastos de reparación, porque los chocan y entonces no es costeable”, expresó Armando Marín Lezama, agricultor.

Por su parte, Elías Díaz Zárate quien los representa dijo que estos convenios abusivos repercuten en la economía de la región, se vende mensualmente mercancía de 500 tráilers llenos de cilantro para exportación. Además lidiar con la restricción que puso Estados Unidos de no vender durante cinco meses al año.

En algunas ocasiones, agregaron, se intenta poner la denuncia por robo pero no la reciben y es como si no existió el delito. Es una responsabilidad civil de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo se dio esta concesión? ¿Bajo qué términos y qué reglas de responsabilidad tienen? Cuando hay daño a los vehículos durante el traslado, no lo reconocen. Son responsables por lo menos de evasión fiscal, porque no dan factura, eso es lo que debe revisar también Congreso del Estado, aseveró.

El negocio de las grúas se extiende también con los operativos que realiza la Policía de San Pedro Cholula, con el pretexto del decomisar la unidad a conductores ebrios, el auto se lo llevan y por ese “servicio” cobran siete mil pesos o más, así sean dos calles, “más el derecho de piso, cuya tarifa es como la de un hotel de lujo”.

Díaz Zárate reveló que Sandra García Bolaños está al frente del servicio de grúas y no siquiera es una sociedad anónima. Hay complicidad porque ella es depositaria de la Fiscalía. “¿Quién la nombró?”, cuestionó.